El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
Para más adelante agregar:
“El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo, se mantiene inamovible en 130 bolívares equivalentes a 3,55 dólares americanos a tasa de cambio del BCV.
El salario mínimo de 130 bolívares es una violación flagrante de la Constitución.
El salario mínimo de Haití, considerado el país más pobre del continente es hoy de 160 dólares americanos. El de nuestros vecinos, Guyana 257, Brasil 308, Colombia 352. La pequeña Costa Roca, sin petróleo, hierro, oro, coltán, pocas tierras cultivables, es de 595 dólares americanos.
El de Cuba sancionada es 10 veces más, el de Nicaragua sancionada es 65 veces más.
Del análisis de la Ley de Presupuesto 2024 se concluye que cerca de seis millones de trabajadores y trabajadoras del sector público perciben como sueldo o salario 130 bolívares mensuales, sin incidencia alguna en los distintos ítems para laborales entre estos bonificación sustitutiva de utilidades, vacaciones, prestaciones sociales, monto de horas extras, aportes para vivienda y seguro social obligatorio. Se suman a esta dramática situación unos cinco millones de jubilados y pensionados ilusionados ahora con una oferta de incrementos vía bonos que está por verse.
Es claro que bono no es sueldo, que bono no es salario como también lo es que la práctica de bonificaciones sujetas al arbitrio del Ejecutivo Nacional ha conducido a la desvalorización del trabajo en Venezuela.
Meses atrás, por consenso, el denominado Foro Tripartito de Diálogo Social, con asesoramiento de la OIT, solicitó un salario mínimo vital, de arranque, de 200 dólares americanos. El 1 de Mayo, se quedaron con los crespos hechos, esperando una decisión que nunca llegó.
Con el incremento de la producción petrolera hasta 924 mil barriles diarios y las flexibilidades de las licencias 41 y 44 A de la OFAC, Venezuela percibirá recursos adicionales que bien pudiera destinarse en exclusiva a incrementar ya los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones.
Si este gobierno, por razones que no termino de entender -no saben, no quieren, no pueden- insiste en lo que le resta de su gestión en no aumentar suficientemente los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones y con tal continúa violando la Constitución que juraron y juramos cumplir, yo sí lo haré.
Mi primer decreto será un aumento de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, que de acuerdo a las estimaciones de nuestros técnicos, será posible del equivalente a 300 dólares americanos. Mayores ingresos por el aumento de la producción petrolera, el levantamiento de las sanciones extranjeras y la liberación de los fondos incautados en el extranjeros facilitaran los montos necesarios para soportar tal decisión mientras que la economía despega y avanzamos hacia un “Milagro Económico”.
El “Milagro Económico” de Venezuela, con crecimientos interanuales del PIB de un 10 % en los próximos seis años, será posible por la vía del incremento de la demanda y tal por el aumento de los ingresos de todos los venezolanos.
Vamos a forjar juntos, el mejor país del mundo. El 28 de Julio daremos el primer y más importante paso, pacífica y electoralmente.
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