La justicia federal de Estados Unidos ha anulado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países que el gobierno de Donald Trump estableció a comienzos de año. La sentencia concluye que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones legales al poner en marcha esta medida.
Jeannette Vargas, jueza del Distrito Sur de Nueva York, invalidó ayer la prohibición al calificarla de manifiestamente ilegal en un fallo de 61 páginas, en el que además rechazó el argumento del Gobierno sobre el supuesto riesgo de que los solicitantes de los países afectados se convirtieran en una carga económica para Estados Unidos.
La magistrada advirtió que se dieron instrucciones para rechazar visados a inmigrantes aptos y solventes, vulnerando el mandato legal de realizar una evaluación individualizada de cada solicitud.
La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.
Queda anulada la suspensión de visados
Los países afectados por esta directiva incluían varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.
El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración», afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
Según Cuevas Ingram, el tribunal dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación.
La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país».
La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello», insistió.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido declaraciones oficiales sobre la medida.
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