En un giro radical en la política de orden público e institucional de Colombia, el Gobierno nacional oficializó el fin de todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación territorial vigentes en el país.
El comunicado emitido por la Presidencia de la República en su cuenta de X señala que, en cumplimiento estricto de las órdenes impartidas por el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, desde su toma de posesión el pasado 7 de agosto, se desmantela de forma definitiva la infraestructura de negociación heredada al considerarla un escenario de «falsa paz».
Fin a los procesos de diálogo
La medida gubernamental sepulta de manera inmediata las mesas de conversación con estructuras guerrilleras de gran envergadura, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Comandante Gentil Duarte, el Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes.
Asimismo, el Ejecutivo ordenó la clausura de los espacios sociojurídicos abiertos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las bandas criminales que operan en zonas urbanas como Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, junto con el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
El saldo financiero presentado por la Casa de Nariño revela que durante el cuatrienio anterior el erario público erogó más de 7.000 millones de pesos exclusivamente en honorarios para voceros, representantes y negociadores, monto que excluye los millonarios rubros destinados a esquemas de seguridad, viáticos y manutención de zonas de ubicación.
Ante esta situación, la Presidencia sentenció que el Estado no mantendrá escenarios institucionales instrumentalizados para prolongar el delito o evadir la ley, advirtiendo que quienes tengan voluntad real de paz deberán someterse formalmente a la justicia, mientras que los grupos que persistan en la violencia serán enfrentados con toda la capacidad legítima de la Fuerza Pública.
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