¡Medidas extremas! Tras la detonación de dos coches bomba que resultó en la muerte de dos personas y 42 heridos, la Alcaldía de Cali decidió cerrar completamente el comercio y establecer ley seca en la ciudad.

La tercera ciudad más grande de Colombia despertó con los comercios cerrados desde la noche del martes, así como con una notable presencia policial en las calles, según reportó EFE.

De acuerdo con la Policía, este martes se reportaron 24 ataques en la zona suroeste del país, ya que además de los tres ocurridos en Cali, se contabilizaron 21 atentados en diferentes municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Todos los ataques resultaron en la muerte de ocho personas y se los relaciona con las disidencias de las FARC bajo el liderazgo de alias «Iván Mordisco».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido convocado este miércoles a un consejo extraordinario de seguridad, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, con el fin de abordar la problemática de la violencia en el país.

Petro estará en Cali para unirse a una manifestación organizada por sindicatos, en apoyo a su propuesta de convocar mediante decreto una consulta popular que valide su reforma laboral, la cual fue rechazada en el Senado.

La problemática de violencia y orden público que sufrimos en Cali está relacionada con la situación que enfrenta todo el país. Por ello, instamos al Gobierno nacional a que actúe con mayor firmeza contra los delincuentes y las disidencias de las FARC», comentó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Medidas extremas en Cali

El alcalde recibió la noche del martes en el aeropuerto a un centenar de nuevos policías que arribaron para fortalecer la seguridad en esta ciudad que cuenta con más de 2,5 millones de habitantes en su área metropolitana, informó EFE.

Las autoridades han implementado varias medidas, incluyendo el aumento del patrullaje policial en las calles, la activación de una alerta naranja en toda la red hospitalaria y una recompensa de hasta 600 millones de pesos (aproximadamente 143.300 dólares) por información que conduzca a la identificación de los perpetradores de los atentados.