En horas de la noche, de este viernes 26 de septiembre, llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur, quienes permanecieron retenidos durante tres meses en Argentina, donde se abrió una investigación ante los posibles vínculos de la aeronave con el terrorismo internacional.
Con música y aplausos de familiares, empleados del aeropuerto y personas que transitaban por la terminal, fueron recibidos los tripulantes -entre ellos 11 venezolanos y un iraní- luego de que aterrizaran en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cerca de las 18.30 hora local (22.30 GMT).
Entre quienes los esperaban, estaba el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, también presidente de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), propietaria del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires.
Velásquez dijo a Efe que el país no descansará hasta que Argentina libere a los otros siete tripulantes -tres venezolanos y cuatro iraníes-, que están «detenidos ilegalmente», y devuelva la aeronave, que, según ha declarado recientemente el funcionario, importaba «vacunas, medicamentos e insumos médicos» y enviaba ayuda humanitaria a algunos países como «Colombia (y) Nicaragua».
El funcionario señaló que están «fortaleciendo más las estrategias (y) organizando los equipos diplomáticos para que, más temprano que tarde», aterricen en Venezuela tanto el avión como el resto de la tripulación.
El avión retenido en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ezeiza, es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Avión investigado por la justicia
La aeronave ingresó en Argentina el 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y 2 días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Sin embargo, las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado inmovilizar el avión.
Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los tripulantes, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han tenido plena libertad de movimientos. Ya en agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave.
La reacción del Gobierno de Nicolás Maduro fue contundente, y ni siquiera fue suavizada ante el hecho de que las relaciones diplomáticas entre ambos países apenas habían comenzado a deshelarse tras haber sido degradadas durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Como «un secuestro» fue catalogada la retención del avión por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios, quienes promovieron una campaña para exigir la vuelta de la tripulación y la entrega de la aeronave.
Para 12 de ellos terminó la incertidumbre el pasado martes, cuando la Justicia argentina autorizó su salida, tras un primer fallo emitido a principios de agosto por el juez Federico Villena, quien levantó la prohibición y autorizó a devolver los pasaportes a 11 venezolanos y un iraní, a condición de presentarse, mensualmente, ante las Embajadas de Argentina en sus respectivos países.
Lea también:
Alcaldía de Maturín instala mesa de trabajo con gremio de licoreros
