El Senado de Chile aprobó una ley que agiliza la expulsión administrativa de inmigrantes y faculta a la policía para ingresar a domicilios, mediante orden judicial, con el fin de localizar a personas con decretos de expulsión vigentes.
El Senado ratificó, con 37 votos a favor y una abstención, el informe de la comisión mixta que introdujo ajustes al proyecto de ley previamente visado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas», comentó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Expulsión de inmigrantes
La propuesta de reforma a la Ley de Migración y Extranjería busca optimizar la localización y captura de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, tareas que competen a la Policía de Investigaciones (PDI).
El proyecto establece que la PDI deberá requerir autorización a un juez de garantía para ingresar a un inmueble y concretar la detención de una persona, solicitud que el magistrado tendrá un plazo de 24 horas para resolver.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa«, agregó García Ruminot.
En la misma línea, la iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos, además de mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre que existe autorización del tribunal.
En Chile, hay actualmente más de 330 mil extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Diversos reportes estiman que más de 75 mil órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
A pesar del anuncio en agosto pasado sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, tras romperlas en 2024, y de la reunión en Naciones Unidas entre Kast y la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, en septiembre, no ha habido reportes de avance en esta situación.
El Congreso debate actualmente un proyecto de ley, promovido por Kast, que busca criminalizar la migración irregular.
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