Ante la escalada de violencia en Cúcuta, marcada por el homicidio de un candidato a la alcaldía y un atentado explosivo que dejó seis heridos en menos de una semana, el Gobierno de Colombia ha dispuesto la militarización de esta urbe fronteriza con Venezuela.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció ante los medios de comunicación el despliegue inmediato de fuerzas militares en Cúcuta, aclarando que se trata de una medida transitoria destinada a restablecer el orden público.

Aseguró que combatirá el narcoterrorismo en Cúcuta y Norte de Santander mediante nuevas medidas de seguridad, con el objetivo de proteger a las familias y erradicar el clima de miedo en la región.

De la Espriella toma medidas para restablecer el orden público

Se informó que el Ejército reforzará su despliegue en la ciudad, trabajando de la mano con la Policía para consolidar el control del territorio, garantizar la seguridad ciudadana y combatir a los grupos armados ilegales que operan en la región.

Como segunda medida, De la Espriella indicó que desde el martes 3 de noviembre comenzará a funcionar la operación militar y policial Esparta y un bloque de seguridad en Cúcuta.

Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población», enfatizó.

Debido a su posición estratégica en la frontera y su vecindad con la conflictiva región del Catatumbo, Cúcuta ha sido escenario durante décadas del accionar de diversas guerrillas y redes de narcotráfico que dominan el tráfico de estupefacientes y el contrabando.

Además, como tercer y cuatro punto, ordenó mantener otras operaciones de control territorial y anunció que visitará la ciudad la siguiente semana para evaluar los avances.

«No vamos a permitir que en una región que ayudó a construir nuestras instituciones sean los criminales precisamente quienes pretendan destruirlas», precisó.

Estas medidas fueron tomadas luego del asesinato el pasado lunes del candidato a alcalde de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano, quien murió a tiros en las proximidades de una gasolinera de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.

Castellanos era un mayor retirado de la Policía que asumió la Secretaría de Gobierno municipal, una de las carteras más complejas de la administración local. Desde allí combatió la criminalidad, trabajó por la recuperación del espacio público, el acceso a la justicia y la protección animal.

El martes al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que conecta Cúcuta con Venezuela.