La defensa de Cilia Flores solicitará mañana jueves su libertad bajo fianza y el traslado a arresto domiciliario ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York, argumentando un progresivo y delicado deterioro en su salud cardiovascular.
Desde enero, Flores, de 69 años, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.
De acuerdo con los recientes informes presentados ante el juez por su defensa, el estado de salud de Flores ha empeorado drásticamente durante su estancia en prisión. Sus abogados sostienen que el hecho de compartir unidad con más de 40 internas genera un entorno que impide su recuperación médica.
Defensa de Cilia Flores
Entre sus alegatos clínicos, la defensa sostiene que Flores ha sufrido taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido el tratamiento inyectable periódico que controlaba un prolapso de la válvula mitral.
Aunque los médicos de la prisión han recomendado practicarle un cateterismo cardíaco, Flores ha pospuesto someterse a este procedimiento invasivo hasta contar con las garantías de una recuperación posoperatoria adecuada fuera de las instalaciones penitenciarias.
Por su parte, la Fiscalía de Estados Unidos se opone con firmeza a cualquier medida de excarcelación. Los fiscales sostienen que Flores ha «creado una dificultad médica» al rechazar los diagnósticos sugeridos y argumentan que representa un riesgo de fuga «extremo» debido a sus conexiones, su falta de estatus o lazos en EEUU y la presunta disponibilidad de recursos económicos.
Asimismo, la Fiscalia alega que su liberación implicaría un peligro para la seguridad pública, ante la posibilidad de que intente comunicarse con colaboradores en Venezuela o intervenir sobre testigos del caso.
La defensa de Flores refutó los argumentos de la Fiscalía alegando que su cliente carece de recursos económicos. En su lugar, planteó un esquema de custodia en una ubicación confidencial de Nueva York, el cual incluye vigilancia privada financiada por el gobierno venezolano, el uso de un brazalete GPS, el monitoreo de sus comunicaciones y la restricción de visitas.
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