Este miércoles, más de 170.000 salvadoreños pierden su amparo legal y quedan en situación de irregularidad migratoria tras la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que representa la mayor cancelación de este beneficio desde su creación por el Congreso.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) confirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador concluirá el 9 de septiembre de 2026. Pese a las constantes solicitudes de beneficiarios, legisladores y organizaciones civiles para prolongar este amparo vigente desde los terremotos de 2001, ni la Casa Blanca ni el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han emitido una respuesta oficial al respecto.
La pérdida de la protección legal deja a los salvadoreños sin autorización para trabajar y en riesgo de ser deportados.
Organizaciones piden extender el plazo para los salvadoreños
Dulce Guzmán, presidenta de Alianza Américas coalición que agrupa a más de 50 organizaciones en EE. UU., declaró a EFE que la campaña se ha centrado recientemente en exigir un plazo razonable para que los inmigrantes logren organizar y asimilar su nueva situación.
No hemos tenido ninguna notificación oficial del Gobierno Trump sobre cuánto tiempo dará a los salvadoreños”, ahondó la activista.
La presión también se centró en el Congreso estadounidense para impulsar una ley que favorezca a este grupo.
Decenas de ‘tepesianos’ viajaron a Washington la semana pasada en busca de ayuda.
En respuesta, el congresista Eugene Vindman presentó en los últimos días un proyecto de ley que prorrogaría el amparo por 18 meses.
Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”, señaló en un comunicado.
Guzmán agradece el esfuerzo del legislador pero es consciente de que el proyecto, al igual que otros que buscan un camino a la residencia para los amparados por el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA) para los llamados «soñadores», no prosperará, debido a la oposición del Gobierno Trump.
anessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, al igual que Guzmán, es consciente de que el mandatario ha tenido en la mira al TPS, incluso desde su primer mandato (2017-2021).
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, y dio a los amparados (unos 180.000 para ese año) 18 meses para buscar otro camino para la residencia o salir del país.
El programa logró mantenerse por una orden judicial, tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses, alegando que el gobierno se basó en razones discriminatorias y racistas.
A pesar de esa derrota, Trump continuó con su cruzada cuando regresó a la Casa Blanca al eliminar el amparo de varios países, y se alzó con una victoria cuando la Corte Suprema dictaminó que tenía autoridad de revocar el TPS.
Trump y (Stephen) Miller (asesor de la Casa Blanca sobre inmigración) están decididos a revocar el estatus legal de tantas personas como sea posible y a sembrar el caos y el miedo en todo nuestro país”, consideró Cárdenas.
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