En la madrugada de este lunes, las autoridades de Perú llevaron a cabo un gran operativo simultáneo en tres centros penitenciarios de Lima y en la provincia vecina del Callao, que fueron declaradas en emergencia hace una semana debido al aumento de la criminalidad en el país.

La Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia realizaron operativos en la cárcel de San Juan de Lurigancho, la más grande del país, así como en el penal Castro Castro y en la prisión del Callao.

Hemos puesto en marcha una campaña nacional que comienza actualmente en los penales de Lima y Callao, con el objetivo de realizar una revisión y supervisión de las celdas, así como intervenir en cualquier actividad y localizar objetos y dispositivos que puedan afectar la seguridad interna», declaró el ministro de Justicia, Eduardo Arana EFE.

Bajo inspección tres penales de Lima

Desde el penal Castro Castro, se destacó que este tipo de acciones se están llevando a cabo con regularidad y, en el contexto del estado de emergencia, se están intensificando «para reafirmar la autoridad dentro de los penales».

Arana explicó que miembros del Ejército y de la Policía efectuaron una inspección en las celdas, patios, pasadizos y zonas comunes, además de llevar a cabo revisiones corporales a los reos para detectar sustancias prohibidas y otros objetos, con el fin de prevenir actividades de grupos criminales.

Con esta medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la PNP y las Fuerzas Armadas, refuerza la seguridad en los centros penitenciarios de Lima y Callao, disminuyendo la ocurrencia de delitos que comprometan la seguridad de los ciudadanos y la paz de la comunidad, reafirmando así el principio de autoridad», añadió.

Hace una semana, el Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, una área metropolitana que alberga a un tercio de la población peruana. Esto significa que la Policía se encarga de mantener el orden interno, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, «siendo la institución policial la que determina en qué zonas se necesita dicha asistencia».

La declaratoria de estado de emergencia tendrá una duración de 30 días, durante los cuales se limitarán los derechos constitucionales asociados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento dentro del territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.