La implementación del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria, es a juicio del abogado y especialista en la materia, Luis Díaz, como ponerle una camisa de fuerza a todos los municipios y controlar la autonomía que tienen, pese a que las leyes establecen que son una unidad política legítima y autónoma, incluso hasta para elegir sus autoridades.
Díaz fue el invitado al programa La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia, donde indicó que no está en la Constitución que a nivel nacional se establezca un órgano consultivo que imponga una serie de condiciones pasando por encima de la ley, pues se estaría hablando de una centralización.
«No se puede crear una ley donde a través de un consejo consultivo se decidan cuáles son las alícuotas que deberán pagar, más aún cuando señala que; «quedarán cesantes todas las unidades tributarias»«, afirmó.
Destacó que no se explica cuál fue el estudio del impacto económico que han manejado, por cuanto no se le puede cobrar el mismo tributo a todos los contribuyentes, porque no todos tienen la misma capacidad para cancelarlo, esto mismo aplica para los municipios en donde un gran número vive del situado constitucional.
Explicó que este situado constitucional se basa en una partida que llega mensualmente de parte del gobierno nacional y está sustentada según el número de habitantes.
«Los censos se hacían para medir cuánto corresponde del situado constitucional a cada municipio y al recibirlo, lo distribuyen en los gastos de la municipalidad», precisó.
Detalló que en la actualidad la oficina nacional de presupuesto (Onapre) es la que controla ese principio municipal, rompiendo con la autonomía, porque la capacidad de ingresos propios ya no existe, están centralizados.
Nueva Ley de tributo afecta al ciudadano de a pie
Díaz enfatizó que efectivamente, el ciudadano de a pie, también es afectado con esta ley, cuando vaya a pagar la tasa de servicio para aseo urbano, o a solicitar una constancia de factibilidad de uso y se dé cuenta que las cuotas son lineales sin importar que pueda o no pagarlas, porque están establecidas a nivel nacional y no de acuerdo al municipio donde la solicitó.
«Los gobernantes deben trabajar de acuerdo a la capacidad económica que tenga el municipio, en ese sentido, se violenta el artículo 180 de la Constitución», acotó.
En ese sentido aclaró, que cuando se habla de contribuyentes se incluye a todos, pues cuando una persona se dirija a declarar los impuestos se conseguirán con el mismo RIF a nivel nacional, lo que demuestra que esta nueva idea del gobierno nacional es un control de saber cuánto entra y sale de los municipios.
«Cuando vaya a sacar una solvencia para la compra o venta de un bien, se va a conseguir con que debe desde el año «X» y con una alícuota que ya se le estableció a la Alcaldía.
«Muchos alcaldes que llegaron por imposición, que no saben nada, no alzan su voz ante esta propuesta, cuando el municipio recauda los impuestos es para darle calidad de vida a la población, pero ahora estarán controladas por el gobierno nacional a través de un proyecto que convertirán en ley y que no es más que es una centralización por completo», puntualizó.
De igual manera, señaló que esta ley debería de ir a una discusión pública, pues la Constitución señala que no se puede ejecutar, sin tener en cuenta la participación del pueblo.
Para finalizar calificó como un error que no exista el pronunciamiento por parte de los alcaldes quienes deben ser los garantes de proteger la parte autónoma y el bienestar de la población, en vista de que están secuestrando la ley tributaria.
«No pueden bajar la cabeza ante decisiones del nivel central, cuando fueron elegidos para tomar decisiones en bienestar del pueblo», puntualizó.
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