Tras la ratificación del decreto que regula la protesta social por parte del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que la nueva normativa se implementará durante las movilizaciones antigubernamentales programadas para este miércoles.
El decreto 1525 de 2026 indica que ante actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto
No obstante, aclara que esto no constituye una condición previa que limite, interrumpa o retrase las medidas de intervención contra los autores individuales de actos violentos.
Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para este miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de De la Espriella, que cumple poco más de dos meses en el poder.
La movilización agrupa demandas laborales, educativas y territoriales, manifestando a su vez el desacuerdo de la sociedad civil con las medidas iniciales del Gobierno y el temor ante posibles restricciones al derecho a la protesta.
El presidente afirmó en la víspera que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero que este derecho no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia.
Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley», aseguró De la Espriella refiriéndose a la protesta convocada para el miércoles.
Decreto que regula la protesta social
El decreto resalta que si desde el inicio de la manifestación hay violencia con uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones o retención de personas, la fuerza pública podrá intervenir contra quienes realicen estos actos sin agotar de forma previa las fases de diálogo.
Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal», apuntó el presidente.
El ministro Lara, por su parte, aseguró que este es un decreto garantista y democrático en el que se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos.
El decreto establece que el bloqueo de vías no anula, por sí mismo, el carácter pacífico de una protesta. La disolución de una manifestación por este motivo será una medida excepcional, aplicable solo ante perturbaciones graves y prolongadas, y únicamente cuando no existan alternativas menos restrictivas para proteger el derecho a la reunión y la protesta pública.
En todo caso, la intervención se regirá por el principio de uso mínimo de la fuerza», precisa el documento..
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