Con el objetivo de realizar una revisión profunda del Sistema de Justicia y crear un nuevo modelo estructural, este martes 6 de octubre, arribó a Monagas una comisión de alto nivel para dedarrollar la «Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal».
El gobernador Ernesto Luna recibió a la delegación, conformada por Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Larry Daniel Devoe Márquez, Fiscal General de la República; Marisela Castro Gilly, presidenta de Sala de Casación Penal; Julio Zerpa, Ministro del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios; Daniel Ramírez, Defensor Público General y demás magistrados.
Participación monaguense
Esta comisión, recibió el 1 de junio de 2026, orientaciones precisas de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de realizar este debate abierto en todo el territorio venezolano, siendo Monagas el estado número 16 en el que ejecutan esta jornada, bajo la premisa de avanzar hacia un verdadero Estado social de derecho y de justicia.
El fiscal general, afirmó que la socialización celebrada en el Edificio Administrativo de Pdvsa, ubicada en la ciudad de Maturín, está encausada en el articulo 26 de la Constitución, que refiere que el Estado, garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.
Para ello, revisarán de manera profunda el Sistema Penal junto la pueblo, recibiendo propuestas que garanticen la construcción de un diagnóstico compartido de esta estructura, marcando una hoja de ruta para construir uno nuevo diseño que corresponda a administrar justicia en los procesos penales de las partes involucradas.
Justicia humanitaria
Entre tanto el defensor público general, aseveró que se trata de administrar una justicia más humanizada que vaya más allá de un código penal y que evite el retraso procesal.
«Detrás de cada expediente hay una familia, una víctima, un acusado al que respetarle la presunción de inocencia, es por ello que la consulta debe ir más allá de un plan cayapa, citaciones de los tribunales, presentación de pruebas, reinserción a la sociedad o factores que impidan celebrar un juicio oral y público», dijo Ramírez.
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