Con el objetivo de acelerar los lapsos legislativos, este lunes se instala de manera formal la Comisión Especial encargada de estructurar el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en el país.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, fungirá como el vocero principal y presidente de esta instancia. El equipo multidisciplinario está conformado por otros 10 parlamentarios, entre los que destacan figuras del Psuv como Tania Díaz y Nicolás Maduro Guerra, así como los legisladores de las bancadas opositoras Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas.
El origen de la reforma
La revisión del instrumento legal responde a una solicitud con carácter de urgencia presentada ante el Parlamento por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez. Durante un acto público con caficultores en el estado Portuguesa, la alta funcionaria reconoció de manera explícita que el estamento jurídico no cumplió con sus propósitos iniciales.
Lamentablemente, fue mal aplicada; se hizo un uso abusivo de esa ley», dijo. A través de sus canales oficiales, Rodríguez agregó que el planteamiento de reforma parcial busca «avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», promoviendo la transformación del sistema de justicia penal en el país, el reencuentro y la convivencia democrática.
Vigencia de la Ley contra el Odio
La normativa penal en revisión se encuentra vigente desde noviembre de 2017, tras haber sido aprobada por la entonces Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El texto original, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.276, contempla severas sanciones e infracciones, incluyendo penas de prisión de entre 10 y 20 años para quienes inciten públicamente a la discriminación o la violencia.
De acuerdo con el procedimiento del artículo 3 de este marco jurídico, la propuesta de reforma será remitida de inmediato a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La máxima instancia judicial deberá pronunciarse sobre su conformidad con la Constitución de la República antes de que el texto regrese a la plenaria para su debate definitivo, donde requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento.
Jorge Arreaza: «Hubo una aplicación errática»
El diputado Jorge Arreaza, integrante de la delegación en la mesa de diálogo nacional, hizo un balance crítico sobre el impacto del instrumento legal y coincidió en la urgencia de abrir un debate plural.
El parlamentario matizó que, si bien la norma nació en 2017 para responder a un escenario de alta conflictividad y proteger a familias vulnerables, devino en excesos operativos por parte de las autoridades.
Efectivamente la ley tuvo una aplicación errática en muchos casos. Hubo abusos de muchos cuerpos de seguridad. Es inconcebible que te revisen el celular y que digan este mensaje es un mensaje de odio porque esa es tu propiedad».
Arreaza puntualizó que la reforma es pertinente para la actualidad política del país y adelantó que la Comisión Especial priorizará la revisión minuciosa del articulado.
Hay que escuchar a los periodistas, a las víctimas, a los militares, a quienes fueron encarcelados por un mensaje ya las madres que se protegieron», señaló el legislador, abriendo las puertas a la flexibilización o reducción de las penas carcelarias.
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