Un decreto supremo publicado este sábado declaró en estado de emergencia las cinco prisiones peruanas que albergan a la mitad de los líderes e integrantes de bandas criminales, autorizando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a intervenir para mantener el orden interno.
La norma aprobada por la presidenta Keiko Fujimori dispuso la declaración de emergencia por 60 días en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), así como en Trujillo Varones (La Libertad).
Operativo de emergencia en prisiones peruanas
La medida comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de 200 metros, zona en la que se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Además, el decreto establece que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles.
Estas operaciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas, anotó una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas de memoria SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad oficial que mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones.
El Ejecutivo subrayó que, durante la vigencia de la norma, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La medida busca combatir a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior, como ha ocurrido con una serie de sonados casos vinculados al secuestro, extorsión y sicariato en los últimos meses.
El más reciente ataque de bandas criminales fue el secuestro en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes por parte de un grupo de hombres que simuló un operativo policial para detenerlos en la madrugada del pasado domingo.
Las autoridades peruanas atribuyeron el secuestro a la banda criminal de Los Pulpos, cuyo cabecilla Jhonsson Cruz fue detenido esta semana en Bolivia y expulsado a Perú para responder por una condena previa por homicidio y otros cargos de organización criminal.
En la actualidad, los cinco penales declarados en emergencia albergan cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales, indicó la información oficial.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, declaró que, mientras esperan la aprobación de la solicitud de delegación de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, «el gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad» en el país.
La aprobación de esta medida se produjo después de que la mandataria se reunió el viernes con Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano en el Palacio de Gobierno.
EFE
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