Debido a los severos daños estructurales provocados por el doble sismo del 24 de junio, la Cámara de la Construcción de La Guaira ha identificado al menos 30 edificios que requieren una demolición controlada.
Mario Lieghio, titular del gremio regional, anunció que el plan de demolición prioritaria se enfocará en las zonas de Caraballeda y Playa Grande.
En Playa Grande y hay edificaciones también hacia el lado de Caraballeda, o sea, a todo lo largo. Estamos hablando de 400 edificios que cayeron, aproximadamente mil edificios afectados, unos 30, 39 edificios que tienen que ser demolidos. Es una cantidad considerable, es una cantidad muy importante”, destacó.
Demolición de edificios en La Guaira
Lieghio define como un “desafío de la ingeniería venezolana” el ambicioso proyecto de reconstrucción de barrios en La Guaira, el cual contempla la demolición de al menos 30 edificios.
Señaló que la responsabilidad recaerá principalmente en las autoridades nacionales y regionales, con una intervención mínima y de supervisión por parte del sector privado.
Precisó que, a pesar de no ser especialista en demoliciones, su formación como arquitecto con maestría en sismo-resistencia le permite comprender las directrices que impartan las autoridades militares y de bomberos.
Explicó que “la definición de una demolición controlada es que tú generas dentro de un perímetro la parte donde podría ser señalada la caída de los escombros y ese perímetro no lo permiten, lo cercan y luego hacen implosión a la edificación”.
Destacó que ese trabajo es producto de “estudios muy precisos, cálculos en cuanto a lo que es la cantidad de explosivos y la expansión de lo que puede generar la explosión y de allí que se haga énfasis en que no todos llevan explosivos, hay algunos que van a ser demolidos con maquinarias”.
Precisó que “el trabajo de la Cámara de la Construcción de La Guaira es sencillamente de apoyo”.
Afirma que se busca que la propiedad privada se respete dentro de todo el plan que en definitiva es necesario para la seguridad y la tranquilidad de la población que está alrededor de estas edificaciones. “Nosotros lo que estamos tratando es apoyar las gestiones de las autoridades”.
La maquinaria está siendo movilizada a través de la Cámara de la Construcción Nacional y cancelada a través de mecanismos de acuerdo con la Corporación Andina de Fomento”, acotó.
“Hace una semana firmamos un acuerdo entre la sociedad civil de Vargas, a través de una instancia que se llama las redes de sobrevivientes, las diferentes cámaras regionales, Fedecamaras, con la presencia de su vicepresidenta, en donde acordamos que deberíamos definir una fecha límite para el tema de la emergencia”.
Esa fecha tiene que ser producto de un estudio que se puede desarrollar para no repetir la experiencia de la tragedia de Vargas”, acotó.
Señaló que se está gestionando un mapa de riesgos para definir las pautas de construcción. Asimismo, destacó la urgencia de un plan maestro de desarrollo estatal que integre la edificación de viviendas, el ordenamiento urbano y el impacto económico.
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