Este miércoles, el Ministerio Público de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019). La justicia lo vincula con la organización de las protestas y los bloqueos viales de mayo y junio pasados, cuyo fin era forzar la salida del mandatario Rodrigo Paz. Morales enfrenta cargos graves que incluyen terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía del Estado.
La medida, emitida por el fiscal Brayan Melgar, fue ratificada a la agencia informativa EFE por un allegado al exlíder boliviano. El dictamen judicial suma nuevos cargos contra Morales, acusándolo formalmente de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y de atentar contra la seguridad de los servicios públicos y los medios de transporte.
Evo Morales vinculado a las protestas de mayo y junio
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como única demanda.
Los bloqueos viales dejaron un saldo trágico de 16 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica, desabastecieron de insumos básicos a varias ciudades y generaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La acción legal comenzó a principios de julio a iniciativa de los dirigentes cívicos de Santa Cruz, el departamento con mayor población y principal eje económico del país. Más adelante, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó formalmente a la denuncia contra el exmandatario.
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