El Ministerio Público de Perú confirmó este miércoles que continúan las investigaciones sobre las irregularidades en la distribución de material electoral durante los comicios del 12 y 13 de abril, incidentes que el candidato Rafael López Aliaga utilizó para denunciar un fraude sin aportar evidencias.
Este miércoles, la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción encabezó un encuentro entre diversas entidades para organizar de manera conjunta y dinámica toda la información recopilada.
Esa información tiene que ver con la contratación de la empresa encargada del despliegue del material de sufragio el 12 de abril y el funcionamiento de la herramienta Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), ambas cuestionadas por sus fallos durante el proceso.
Fiscalía de Perú
La Fiscalía señaló que en la cita participaron funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como representantes de la Procuraduría General (Abogacía General del Estado) y la Contraloría General (tribunal de cuentas).
Además, estuvieron representantes de la División de Delitos contra el Estado y Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.
Este martes, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, reafirmó ante una comisión del Congreso peruano que durante las elecciones generales se presentaron retrasos en la distribución del material electoral, sobre todo en Lima, pero sostuvo que la participación de los ciudadanos fue similar a la de comicios anteriores.
El funcionario dijo que los retrasos afectaron al 1,34% de las mesas de votación en Lima, pero a nivel nacional solo llegaron al 0,4% del total.
Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia, encargada de supervisar procesos electorales, instó a dimensionar «las graves incidencias» ocurridas en los comicios generales, y aunque sostuvo que solo llegaron al 0,65 % del total en el país, aseguró que «afectaron claramente la votación en locales focalizados en Lima».
El organismo remarcó que, pese a ello, «no existen evidencias» de que estos problemas «hayan sido sistemáticos e intencionales», por lo que consideró que «no existe un escenario de fraude o distorsión de la voluntad popular».
Desde el inicio de la misma jornada electoral, López Aliaga ha denunciado, sin presentar pruebas contundentes, un fraude en su contra al considerar que se afectó la votación en Lima, donde tiene su gran bastión electoral.
Conforme avanza el conteo de la votación, el candidato ha convocado a mítines y marchas para exigir con amenazas que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoque a elecciones complementarias en los colegios electorales que resultaron afectados por los retrasos, la última de ellas para la tarde de este miércoles.
Cuando se ha contado el 98,2% del sufragio, la derechista Keiko Fujimori recibe el 17,13% de la votación, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,03%, y López Aliaga, con el 11,89%.
Estas cifras, además de confirmar la presencia de Fujimori en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, al haber recibido 2.824.688 votos, otorgan a Sánchez 23.709 votos de ventaja sobre López Aliaga, ya que el izquierdista suma 1.984.313 sufragios frente a 1.960.604 del ultraderechista.
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