El Gobierno de Colombia declaró este lunes una «emergencia económica» por un período de 30 días, tras la negativa del Congreso el 9 de diciembre de aprobar el proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo esperaba que generara 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.290 millones de dólares) para complementar el presupuesto nacional de 2026.

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció «el estado de emergencia económica en todo el país por un plazo de 30 días calendario, comenzando desde la entrada en vigor» de dicho documento.

Emergencia por reforma tributaria fallida

El Gobierno indica que mediante esta declaración, que le permitirá crear nuevos impuestos o ajustar los ya existentes, tiene como objetivo abordar «la falta de recursos materiales y legales para asegurar, de forma continua, oportuna y adecuada, el ejercicio efectivo de ciertos derechos fundamentales y la provisión de servicios públicos esenciales» debido a una «situación fiscal que se ha vuelto crítica».

Petro, por su lado, respaldó la declaración de la emergencia económica antes de que se publicara el decreto y sostuvo que Colombia ha tenido «un déficit primario en sus finanzas públicas» desde la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Además, criticó al Congreso por haber desechado en dos ocasiones el proyecto de financiación (reforma tributaria) propuesto por el Gobierno y al Banco de la República (banco central) por mantener sin cambios la tasa básica de interés en 9,25 %, que se ha mantenido en ese nivel desde abril.

Esos dos hechos, en su opinión, «desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda».

«Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre», agregó el mandatario.

En ese sentido, Petro explicó que «el decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan», en referencia a la reforma hundida.

«Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad», expresó.

La reforma tributaria hundida el pasado 9 de diciembre fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.

La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.