La Fiscalía colombiana imputó este martes al excanciller, Álvaro Leyva, por el delito de prevaricato por acción por supuestas irregularidades en la licitación para la producción del nuevo modelo de pasaportes, un caso por el que Procuraduría (Ministerio Público) lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.
La fiscal del caso, Sandra Helena Portilla, aseguró en la audiencia de imputación en el Tribunal Superior de Bogotá que Leyva «actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria» al suspender en 2023 el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del proceso de pasaportes durante los últimos 17 años.
Según su acusación, el exministro vulneró «los principios de transparencia, objetividad y equilibrio que rigen la contratación pública» y tomó decisiones «con desviación y abuso del poder» otorgado por sus funciones.
Leyva rechazó los cargos de manera tajante: «No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación. Y reitero: no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no», manifestó.
El delito de prevaricato por acción se configura cuando un funcionario público dicta, firma o emite una decisión oficial a sabiendas de que es contraria a la ley. Este delito está castigado con penas que van de 4 a 12 años de prisión.
La polémica con el nuevo modelo de pasaportes empezó con la decisión de Leyva, quien fue el primer canciller del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender el contrato con Thomas Greg & Sons alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Desde entonces, el caso salpicó a sus sucesores en el Ministerio de Relaciones Exteriores: los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y la actual titular de la cartera, Rosa Villavicencio. Todos ellos están siendo investigados por la Procuraduría, al igual que el exjefe del despacho presidencial Alfredo Saade.
Para reemplazar a Thomas Greg & Sons, el Gobierno optó por adjudicar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que generó cuestionamientos por «falta de capacidad técnica ni financiera» de la primera.
EFE
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