La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comunicó este martes que ha finalizado el proceso penal en contra del expresidente Jair Bolsonaro, confirmando su condena a 27 años de prisión por golpismo y ahora solo queda por determinar el lugar donde cumplirá su reclusión.
La resolución del caso se dio tras la decisión de la defensa de Bolsonaro de no presentar más apelaciones, lo cual podía hacer hasta este lunes, después de que los primeros recursos fueron rechazados unánimemente por los cuatro integrantes de la Primera Sala, encargada del asunto.
La decisión se comunicó cuatro días después de que Bolsonaro, que se encontraba bajo arresto domiciliario por no cumplir con varias medidas cautelares, fue llevado a instalaciones de la Policía Federal, luego de haber intentado manipular una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.
El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a los Estados Unidos, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.
Expresidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga.
El exmandatario atribuyó ese episodio a una «paranoia» y unas «alucinaciones» causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.
Bolsonaro, de 70 años, tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.
Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones «humanitarias».
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