El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ha instruido localizar a un mínimo de 200 inmigrantes venezolanos en un Centro de Detención de Inmigración, para su deportación por orden de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar.
Persad-Bissessar propuso la orden como parte de su estrategia migratoria, sin embargo, fue el lunes cuando Videsh Maharaj, secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, envió la solicitud en la que detalla que todos los inmigrantes irregulares serían agrupados antes de su deportación.
Migrantes venezolanos
Maharaj indicó en la solicitud que los indocumentados no estarán bajo la vigilancia de las autoridades como parte de una orden oficial, sino que serán deportados en grupo como parte de un procedimiento migratorio.
El pasado 15 de agosto, reporteros del país le cuestionaron a Persad-Bissessar cuándo cumpliría su promesa política migratoria, a lo que respondió que «pronto».
Persad-Bissessar, de igual manera, culpó a la pasada administración por fallar en enfrentar la situación migratoria ilegal, de la cual aseguró que está vinculada con la criminalidad en el país.
Eso fue lo que permitieron que pasara por los pasados diez años. No hubo ningún intento para que nuestros antecesores separaran a aquellos inmigrantes venezolanos que venían acá con intenciones criminales», indicó Persad-Bissessar en aquel momento.
Para ello, Trinidad y Tobago aceptó el atraco el domingo de un destructor de la Armada de Estados Unidos para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de Washington en el mar Caribe.
Ante ello, el presidente Nicolás Maduro autorizó este lunes la suspensión «inmediata» de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago ante la que denunció como «amenaza» de Persad-Bissessar, de convertir al país insular «en el portaaviones» de Estados Unidos contra Suramérica.
Suspendido todo», señaló tras asegurar que ha aprobado una propuesta del Ministerio de Hidrocarburos —encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez- y la directiva de la estatal Pdvsa de suspender los acuerdos, luego de la llegada del destructor.
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