El Tribunal Supremo Federal de Brasil acordó este miércoles, de manera unánime, iniciar un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete implicados, por supuestos intentos de llevar a cabo un golpe de Estado.

El líder de extrema derecha enfrentará juicio por presuntamente liderar una conspiración que intentó anular la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, a través de una intervención militar.

Proceso penal contra Bolsonaro

Los cinco magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo decidieron aceptar la denuncia después de conocer los pormenores de la investigación presentados el día anterior por la Fiscalía, así como de escuchar los argumentos de la defensa del líder de la ultraderecha.

Bolsonaro y otros siete acusados, incluyendo altos mandos militares y exministros de su administración (2019-2022), enfrentan cargos por la abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños calificados y deterioro de bienes patrimoniales.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso y el primero en emitir su voto, afirmó que existen «elementos suficientes» y «razonables indicios» en la acusación formulada por la Fiscalía que señala a Bolsonaro como el cabeza de la conspiración golpista. Además, destacó que la denuncia especificó la implicación del ex presidente en los hechos mencionados.

El juez instructor, al presentar su argumento en la audiencia, destacó el papel del exjefe de Estado en la supuesta conspiración golpista, señalando que la Fiscalía había expuesto los hechos de manera «detallada» y «satisfactoria».

«Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (…) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado», dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.

El juez sostuvo que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido» en un objetivo que «no se concretó» por «la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción».