El gobierno de Javier Milei en Argentina protagonizó otro capítulo de la disputa presupuestaria con las universidades públicas, ya que la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechaza que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) audite sus cuentas porque considera que es un «intento de intervención».
«UBA, auditoría y principio de revelación», publicó Milei este sábado en su cuenta de X, tras otro mensaje en la víspera en el que había afirmado que «la UBA se niega a ser auditada. Ello no solo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores» a lo que imaginaba, «ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es pero (peor) a lo imaginado”.
La UBA considera que la Sigen no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales, por lo que resolvió llevar la controversia a la Justicia y hacer una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre sus sistema de control interno.
La casa de altos estudios, además, denunció que, «detrás de las acusaciones de falta de transparencia» que realiza el Ejecutivo de Milei, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifestó que «quiere controlar la libertad académica».
El Ministerio de Capital Humano, que incluye la Secretaría de Educación, había comunicado este viernes que «no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de Sigen en el ámbito de las universidades nacionales».
«La falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados», afirmó Capital Humano.
Continúa el conflicto
El conflicto entre el Gobierno de Milei y las universidades públicas escaló este mes con una marcha multitudinaria, paros de docentes y no docentes y con la toma de facultades en todo el país por parte de los estudiantes, ante el veto del mandatario a la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba salarios y presupuestos según la inflación, que en septiembre se ubicó en el 209 % interanual.
La sociedad civil llevó a cabo dos multitudinarias manifestaciones en lo que va del año en defensa de la universidad pública, el 3 de abril y el 2 octubre pasados.
Milei respondió que «no está en discusión» la universidad pública y no arancelada en Argentina, sino que su intención es que «sean auditadas».
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, recordó este sábado en su cuenta de X que la Sigen en 2011 realizó una auditoria sobre el sistema de control interno en el circuito de otorgamiento de títulos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero que el Procurador del Tesoro en 2011, Carlos Zannini, «les hizo un dictamen a medida para evitar estas auditorias» al quitar la competencia de la Sigen.
«¡Hicimos un dictamen nuevo y abrimos nuevamente la puerta de la transparencia!», afirmó Alvarez, ya que el procurador actual, Rodolfo Barra, habilitó nuevamente a la Sigen a auditar a las universidades.
Unos 2 millones de personas estudian en las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado en Argentina, donde el acceso a la educación universitaria pública es gratuito desde 1949.
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