En las últimas horas, un total de 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat han sido detenidos por su presunta vinculación con una estructura criminal que desalojaba a familias de sus apartamentos para venderlos en dólares, según fuentes judiciales.
Las detenciones fueron realizadas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, luego de una denuncia hecha por la viceministra Carolina Cestari.
Un primer procedimiento se realizó en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, parroquia Coche, municipio Libertador, torre 17, apartamento 2B, kilómetro 8 de la Panamericana.
En ese urbanismo resultaron detenidas Ada Nacary Llovera Castellanos, quien era líder de la comunidad y del comité familiar, así como las funcionarias de MinVivienda Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
Estas mujeres presuntamente solían amedrentar con armas de fuego a residentes del mencionado urbanismo para obligarlos a desalojar sus inmuebles, según las investigaciones iniciales.
Luego de que los apartamentos eran desalojados, los criminales presuntamente procedían a adjudicarlos a un nuevo dueño que previamente cancelaba una suma que oscilaba entre los 5000 y 7000 dólares, de acuerdo a las investigaciones.
Como modus operandi para realizar sus crímenes, Ada Llovera (jefa de comunidad) realizaba los desalojos arbitrariamente bajo amenazas e intimidaciones, mientras tanto, las funcionarias de MinVivienda procedían a agilizar y habilitar los trámites para readjudicar los inmuebles.
En un segundo procedimiento policial realizado en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda), fueron detenidos otros cinco funcionarios identificados como Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares); Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación); Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares); Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).
El procedimiento no solo resultó en la detención de los funcionarios ya mencionados, varios efectivos de la PNB le hicieron una entrevista a la viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien informó sobre los resultados parciales de una auditoría realizada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.
Dicha auditoría arrojó como resultado 8 casos de registros de cédulas incongruentes: cinco presentan sólo dos dígitos y tres con dígitos duplicados.
3.382 cédulas duplicadas en el sistema: 486 casos de doble beneficio en distintas parroquias, 2.841 casos con doble registro, 53 casos con 3 registros y 2 casos con cuatro registros.
También se supo de urbanismos donde no están cargados los registros. Ejemplo, en el urbanismo Ciudad Tiuna, sector Ezequiel Zamora, no existen registros de las torres 21, 13, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, y solo dos registros en la torre 44.
La Fiscalía 78 en materia de corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez, fue notificada de los procedimientos. Los detenidos están a la orden de las autoridades, quienes siguen avanzando en sus investigaciones.
Con información de Samuel Luces (Pasante)
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