La oposición y la presión social obligaron a que el presidente de Argentina, Javier Milei, cediera múltiples cambios a su polémica ley ómnibus con la intención de que sea aprobada en el Congreso, en medio de un clima de fuerte tensión política.
A pesar de que el mandatario insistió en que el proyecto debía pasar sin modificaciones para terminar con «la decadencia» argentina y evitar «una catástrofe de proporciones bíblicas», al final tuvo que transigir porque, de lo contrario, el proyecto corría riesgo de ser rechazado por completo.
Por eso, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que presentó a principios de enero y que, por sus dimensiones, fue bautizada como ‘ley ómnibus’, se redujo de 664 a 523 artículos.
Varios capítulos quedaron fuera gracias a las protestas de los sectores que eran perjudicados y que se movilizaron, ya fuera en reuniones con funcionarios del Gobierno, en audiencias en la Cámara de Diputados o en manifestaciones en las calles.
Fue el caso, por ejemplo, de las industrias de la pesca, hidrocarburos y biocombustibles, que lograron eliminar los artículos que los afectaban, ya que se pretendía desregular estas actividades.
De esta forma, en vísperas del paro nacional que se llevará a cabo el miércoles, y que los organizadores prevén será multitudinario, el Gobierno presentó un nuevo borrador que será discutido este martes en comisiones y luego en sesión plenaria, lo que el presidente espera que ocurra el jueves.
La ley ómnibus es tan extensa y abarca tantas áreas que, a pesar de las «correcciones», todavía no tiene garantizada la aprobación debido a las impugnaciones opositoras que alertan sobre aspectos que siguen considerando alarmantes, como la discrecionalidad para tomar deuda pública sin pasar por el Congreso.
Lo que queda en la ley Ómnibus
Uno de los artículos más controvertidos prohíbe la reunión de más de 30 personas en la vía pública, sin previo permiso de las autoridades. El borrador original limitaba ese número a tres, lo que generó un escándalo. A pesar de que las autoridades se comprometieron a eliminarlo, en realidad solo aumentaron el número de participantes.
De esta forma, en la práctica, la protesta social deja de ser un derecho constitucional para convertirse en un delito.
Además, el documento mantiene la limitación al derecho a huelga de los empleados públicos y se les impide ejercer militancia política; avala el ‘gatillo fácil’ para que las víctimas de violencia institucional no puedan demandar a las fuerzas de Seguridad por los abusos que cometan; reduce el impuesto a la riqueza y abre la posibilidad de arancelar la universidad a extranjeros.
Por otra parte, entre los cambios más importantes, se incluye el cálculo de las jubilaciones, ya que el Gobierno accedió a que se ajusten de manera automática de acuerdo con la inflación, algo que exigía la oposición «dialoguista». Sin embargo, hay opositores que advierten que, de todas formas, los jubilados pierden poder adquisitivo.
En otro punto, por pedido de los gobernadores y productores, se eliminaron retenciones a las economías regionales, aunque se mantiene un aumento para subproductos de la soja, trigo, maíz y carne vacuna.
Uno de los artículos más controvertidos de la ley establecía la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social» hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, la mitad del mandato de Milei, con posibilidad de prorrogarla por dos años más, lo que abarcaría la totalidad de su gestión.
Así, el presidente planteaba «la delegación de facultades legislativas», lo que implicaba que, con el pretexto de la emergencia, podría ignorar por completo al Congreso, gobernar prácticamente por decreto y emitir leyes en todas las áreas mencionadas.
Cambios en el proyecto
El nuevo proyecto acorta ese plazo a un año con posibilidad de prórroga por uno más, lo que sigue siendo resistido por la oposición «amigable» y la «no dialoguista», es decir, la que ya advirtió desde el principio que rechazará la ‘ley ómnibus’ en su totalidad.
Del proyecto también fue borrada la reforma política que eliminaba las elecciones primarias de candidatos y modificaba el reparto de escaños en la Cámara de Diputados.
Otro aspecto que había generado fuertes resistencias era la intención de privatizar de 41 empresas. En el segundo borrador, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) salió de la lista, pero se mantiene la pretensión de privatizar el Banco Nación, Aeropuertos Argentinos y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), entre otras compañías que varios diputados ya señalaron que deben seguir en manos del Estado.
Con respecto al blanqueo de capitales, el Gobierno aceptó la propuesta de excluir de este beneficio a quienes hayan desempeñado alguna función pública en los últimos cinco años.
Uno de los cambios más destacables es que las autoridades recularon y no desaparecerán el Fondo Nacional de las Artes (Fonca), el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), gracias al intenso activismo que realizaron escritoras y escritores, cineastas y artistas, entre otros colectivos.
Lea también:
Netanyahu lamenta muerte de 24 soldados del ejército israelí
