El abogado y especialista en materia tributaria, Luis Díaz, indicó que la discusión de la nueva Ley orgánica de armonización tributaria no es exclusiva para los empresarios por ser los de pago permanente, sino que debe ser debatida con todos los sectores de la sociedad y la población en general.
Luis Díaz fue el invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia, donde explicó que está Ley orgánica es un instrumento fue sancionado en un primer momento y luego discutido y aprobado en la Asamblea Nacional, la misma es extensa y está dirigida para los gobiernos regionales y municipales del país, la cual entró en vigencia el 10 de agosto con 90 días para su adecuación.
En ese sentido las nuevas ordenanzas de este instrumento no debe dejar de lado a los ciudadanos en su totalidad, porque los tributos no son sólo los impuestos son todos los pagos que hacen las personas ante cualquier trámite ante la municipalidad y allí entran el pago de servicio, la tasa de aseo, la contribución especial que son un tributo al que la alcaldía le da una plusvalía a los bienes de los contribuyentes.
«Con este estatuto quedan delegados todos los elementos jurídicos en materia tributaria, destacando que se esta viendo una voracidad en la cobranza de los impuestos por parte de Suptrima, no están acordes con la capacidad económica del contribuyente, siendo que la ley establece que las cargas deben ser equilibradas», dijo.
«La premura de Suptrima, es porque el tiempo de la ordenanza está por culminar para ser adecuada a la nueva Ley de armonización y tributo. Se deben establecer convenimientos de pagos entre el municipio y el contribuyente, lo que andan es buscando es sacar el mayor provecho antes del 30 de noviembre que es cuando culmina el lapso de 90 días en el que quedarán sin efecto las ordenanzas y entran las nuevas», afirmó.
El abogado dejó claro que no se puede dejar sin ser consultado ninguna norma ordenanza sin la participación del pueblo.
Díaz resaltó que la Alcaldesa de Maturín legisló en materia municipal y esa es una realidad muy notoria, además de que no todos los municipios están económicamente aptos para adecuarse a las bandas de cobro que establece la municipalidad.
«El municipio se ha venido resquebrajándose en su autonomía, el situado constitucional es lo que les quedaba, pero ahora también el gobierno nacional le metió mano, como se dice en criollo, los alcaldes deben ser creativos para generar ingresos a la municipalidad», acotó.
Díaz precisó que la tabla de alícuotas de la ley, no puede ser reformada en cuatro paredes, sino con todos los sectores para ir adecuándose de acuerdo al alcance económico de cada municipio, no se le puede colocar pagos exorbitantes, que obliguen al comerciante a bajar la santamaría.
«La preinscripción de la mora, no fue agregada y eso pudo hacerse», agregó.
«Cada tributo tiene un fin especifico para mejorar los servicios y eso es lo que se debe ver», planteo.
El uso de los espacios públicos no puede ser cobrado
Ante una denuncia de un oyente del programa quien señaló el cobro que presuntamente hacen por el uso de los espacios del Polideportivo de Maturín, el abogado Díaz enfatizó que no se puede cobrar arrendamiento de instalaciones que pertenecen al estado, «esto es un delito de expansión, que es cobrar algo que no está en la ley, eso debe ser penado».
«Pueden haber convenios de colaboración y los mismos deben estar establecidos en un norma, fuera de eso, es un delito», añadió.
El caso del caño Los Becerros quedó en el olvido
Tocando el tema del accidente ocurrido en el caño de Los Becerros el 28 de diciembre de 2020, donde la explosión de 168 bombonas de gas doméstico enlutó a una comunidad rural, Díaz señaló que sigue brindando su ayuda como profesional a las familias afectadas, en vista que a su juicio el estado ha sido indolente con quienes lograron sobrevivir este lamentable hecho.
«Se está yendo a la fiscalía del Ministerio Público y allí hasta la fecha no tienen el informe de los bomberos ni del Cicpc, se irá a instancias nacionales para denunciar este hecho, ante los organismos que velan por los derechos humanos ante una situación de afectación de un servicio que prestó el estado y que generó tan garrafal tragedia», resaltó.
En otro orden de ideas, al ser consultado sobre la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales indicó que en Venezuela ha pasado de todo y es un hecho que ocurrió en una oportunidad, pero lo que no se pueden adelantar son los lapsos de los períodos gubernamentales y que está establecido que culmine en el año 2025.
Lea también:
Voluntariado de Carlos Prosperi está preparado ante posible adelanto de las elecciones
