Es incuantificable el impacto de las sanciones unilaterales extrajeras que desde Marzo de 2015 se abaten sobre Venezuela.
Quizás quien más acertadamente las ha calificado ha sido Alena Douhan, relatora especial de Naciones, quien en informe presentado señaló lo devastador de sus efectos. En las observaciones preliminares presentadas al Consejo de Derechos Humanos leemos, entre tanto:
“Los ingresos públicos se han reducido en un 99%. El país vive actualmente con el 1% de los ingresos anteriores a las sanciones.
Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estados, a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas.
Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares.
La compra de bienes y pagos por parte de las empresas públicas están bloqueados o congelados.
Sector privado, organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y ciudadanos particulares denuncian el rechazo o reticencia de bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias; dificultades para obtener visados y comprar billetes; necesidad de actuar a través de agentes de terceros países y necesidad de pagar costes de seguro adicionales.
Las líneas eléctricas trabajan a menos del 20% de su capacidad. La distribución del agua se hace por turnos y la mayoría de los hogares solo puede acceder a la misma una o dos veces por semana durante varias horas. A causa de los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para potabilizar el agua se ha reducido en un 30%.
La migración venezolana desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones de personas. La población se reducirá a 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos ha visto disminuido su personal entre el 30% y el 50%, incluido el más cualificado. Esto ha originado desorganización interna, aumento de carga de trabajo para el personal restante, reducción de servicios y disminución de su calidad.
Los impedimentos a la importación de alimentos han situado a 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Para hacer frente a esta situación, la población reduce el número de comidas diarias; reduce la cantidad y calidad de alimentos; se descapitaliza o vende bienes del hogar para adquirir comida; reduce gastos en salud, ropa y educación, etc. Esta situación tiene su correlato en las crisis familiares; violencias y separaciones; trabajo infantil; economía sumergida; actividades delictivas; trabajo forzoso y migración.
El programa público de alimentación CLAP ha disminuido la variedad de sus productos.
Las sanciones también impactan sobre la atención sanitaria, propiciando la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.
Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes de un 50% a un 70%. Solo el 20% de los equipos médicos está en funcionamiento. Tan solo el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020).
El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad.
El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. También se observa un crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013.
Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.
La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total.
La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima de distribución gratuita de computadoras portátiles entre los alumnos de Primaria y Secundaria. Hasta su cancelación, el Programa Canaima había distribuido 6,5 millones de aparatos”.
Es cierto que no solo las sanciones unilaterales extranjeras nos han llevado a la permacrisis que azota a todos, también lo es a la par el empeño de implantar un modelo de gestión político-económico, el llamado Socialismo del Siglo XXI, que en distintos modos ha fracasado en aquellos países en los cuales se ha intentado sembrar pero nadie puede negar que han contribuido en mucho a sumergirnos en esta dramática situación.
Las sanciones unilaterales extranjeras son un crimen de lesa humanidad y más temprano que tarde los que las han dictado, pero también sus promotores, deben enfrentarse a la justicia por tanto daño que han causado a un pueblo que no se merece esta suerte.
La gran mayoría de los venezolanos y venezolanas rechazan las sanciones: 74 % estable afirmó a mi lado José Antonio Gil Yépez de Datanálisis que trepa a 88 % cuando se trata de empresarios y comerciantes encuestados.
Cada día más se pronuncian contra las sanciones y por su levantamiento pero llegó la hora que de manera clara se pronuncien los millones y millones de afectados.
El artículo 71 de la Constitución Nacional señala que “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo…”. ¿Son o no las sanciones unilaterales extranjeras un asunto de trascendencia nacional? ¿Acaso no es cuasi existencial para nuestros pueblos?
Los gobiernos sancionadores deben recibir un mensaje claro no de las élites políticas e incluso económicas sino de los buenos ciudadanos y ciudadanas de este hermoso país que merece ser diferente.
He solicitado a la dirección nacional del partido en el cual milito con orgullo, Acción Democrática, que analice mi propuesta de instruir a nuestra fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional y acuerde con los aliados de la oposición democrática, la solicitud que active el proceso de convocatoria a referendo consultivo y confío que decida pronto, muy pronto, acerca lo planteado porque cada día que pasa es de mas sufrimiento para aquellos que decimos representar.
Es tiempo de definiciones.
Lea también:
