Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México han caído un 50% tras el levantamiento del Título 42, la política de expulsiones vigente durante la pandemia de Covid-19, afirmó este domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
«Nos hemos estado preparando para esta transición durante meses y meses, y hemos ejecutado nuestro plan de forma consecuente», dijo el encargado de la política migratoria, en entrevista a la cadena ABC.
Tras el fin de la emergencia sanitaria el pasado jueves por la noche, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo con el pretexto de la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.
A principios de la semana, las autoridades arrestaban a unos 11.000 migrantes diarios, pero tras la implementación de las nuevas medidas migratorias los números cayeron hasta las 6.200 detenciones el viernes y las 4.400 del sábado.
«La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha visto una caída de aproximadamente el 50 % en el número de personas arrestadas en nuestra frontera sur en comparación con las cifras de principios de la semana antes de que finalizara el Título 42», dijo Mayorkas.
Recordó que a partir de ahora quienes crucen la frontera sin permiso migratorio o sin haber pedido asilo en los países por donde pasaron serán deportados de forma rápida y, si reinciden, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años.
«De hecho, ya hemos expulsado a miles de personas que llegaron a nuestra frontera sur. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración bajo el Título 8», afirmó.
Pese a las nuevas restricciones, Mayorkas negó que la política migratoria del presidente Joe Biden se asemeje a la de su predecesor Donald Trump (2017-2021), pues dijo que el gobierno actual ha implementado «la mayor expansión» de vías legales para migrar a Estados Unidos en la historia.
Añadió que el gobierno tiene «la obligación humanitaria» de atender las peticiones de asilo, pero también la «responsabilidad» de combatir las redes de traficantes de personas que cobran dinero a los migrantes para colarlos por la frontera.
Mayorkas también dijo que el gobierno recurrirá el fallo de un juez de Florida que tumbó el jueves una política que permitía liberar de centros de detención saturados a algunos migrantes aunque no tuvieran todavía fecha para acudir ante la corte migratoria.
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