La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en votación unánime de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, “es una muy buena herramienta para fortalecer la lucha contra la corrupción, ese mal que afecta a la República desde sus propios orígenes”. declaró hoy Luis Eduardo Martínez.
“El objeto de la Ley es penalizar ilícitos contra la cosa púbica y la apoyamos decididamente, sugiriendo sí que ataquemos también el flagelo preventivamente. Castigar al que se corrompe hay que hacerlo y con severidad, pero evitar la corrupción tiene que ser igualmente importante sino más” afirmó el parlamentario opositor.
“En lo que se refiere al control en la gestión pública es urgente otorgar mayor autonomía, poder y recursos a las instancias contraloras a cualquier nivel, asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad en el manejo de recursos que son del común, volver al control previo, limitar y normar rigurosamente el uso de las emergencias que se ha generalizado en contrataciones y adquisiciones, asegurar que salvo casos excepcionales el uso de los dineros del Estado se corresponda con una rigurosa planificación, que lo usual sean las licitaciones abiertas, que se erradique de una vez la práctica de asignar obras a realizar y adquirir bienes y servicios sin disponibilidad presupuestaria y algunas veces hasta sin que medie contrato alguno” precisó Martínez, agregando:
“Es obligante también asegurar la mejor formación de los funcionarios responsables de manejar la cosa pública. Es cierto que mucho de lo que ahora se conoce solo se puede calificar como actos de mala fe, pero existen infinidad, seguro que, en montos mucho más reducidos, pero igual afectan, que el origen de lo irregular nace del desconocimiento y la carencia de adecuada preparación, incluso de querer resolver, con lo que están teñidos de buena fe”
En lo que corresponde a los legisladores, Luis Eduardo Martínez, aplaudió la designación de una supracomisión, liderada por el diputado Diosdado Cabello, responsable de la revisión y actualización de leyes, muchas de ellas preconstitucionales, relacionadas con la administración pública, adelantando que entre otras sugerencias que personalmente hará está la de considerar prontamente la Ley del Impuesto al Patrimonio que permitiría mantener un registro del patrimonio de los nacionales venezolanos, no con fines recaudatorios, sino de control. El registro de esos activos sería aprovechado por el Estado en un sentido positivo -los bienes declarados son registrados y permiten conocer el tamaño económico real- de los grandes contribuyentes- y en sentido derivado ya que la ausencia de registro invierte la carga de la prueba en la aplicación de la ley de extinción de dominio respecto de bienes dentro o fuera del país que son propiedad de un investigado pero que, por razones ilícitas, ha ocultado su titularidad. En ese sentido, ambas leyes se complementarían y facilitarían el trabajo del poder judicial y de sus auxiliares en la ubicación, determinación y reversión al Estado de bienes habidos ilegalmente.
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