A juicio del diputado opositor Luis Eduardo Martínez, la reforma parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF), aprobada el 3 de febrero del año pasado, y con el voto negado de los diputados y diputadas de la oposición democrática, en nada ha contribuido para la necesaria recuperación de la economía nacional.
Por ello, aseveró que hoy los parlamentarios de la Alianza Democrática están obligados a reformarla, frente a todos los cuestionamientos públicos de distintos sectores de la vida nacional sobre el citado reglamento legal.
“Como lo señalamos en la ocasión de la primera discusión en plenaria, la ley se aplica a personas naturales o jurídicas no calificadas previamente como contribuyentes especiales, independientemente de su capacidad económica, gravando sus transacciones por la utilización como medio de pago, de una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República; no se gravan grandes transacciones financieras sino cualquier transacción, independientemente del monto en la cual el medio de pago sea una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República», recordó el legislador.
En este sentido, mantuvo que esto encarece y procura desestimular como medio de pago una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República a pesar que el uso de ambos contribuyó en mucho a resolver el colapso de los medios de pago cuando el bolívar físico se escaseó, abatir a la hiperinflación y dar mayor certidumbre al sistema de precios lo que ha sido clave en la recuperación económica del 2022.
Sobre esto, Martínez reiteró -como dijó en el momento de la discusión- que afecta el patrimonio de las empresas especialmente las medianas y pequeñas así como sus flujos de caja y con tal desestimula la inversión; pasa a ser un impuesto general a las transacciones en moneda extranjera, que se extiende no solo a los débitos bancarios, sino también al consumo, implicando un riesgo de doble tributación, al aplicarse en conjunto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya Ley contempla una sobrealícuota para los casos de enajenación de bienes y prestación de servicios cuyo medio de pago sea moneda extranjera; no es deducible del Impuesto sobre la Renta.
«Se convirtió, como advertimos entonces, en un impuesto permanente cuando experiencias en otros países muestran su implementación como un impuesto temporal mientras perdure una situación de graves dificultades económicas», dijo al tiempo que sumó que en poco o nada ha contribuido a la generación de confianza tan importante para motivar la inversión privada nacional y extranjera fundamental para la sostenibilidad de la recuperación económica nacional.
Insistiendo en que se trata de un impuesto de difícil recaudación, el legislador apuntó que si bien no hay cifras exactas y definitivas, consultas realizadas permiten afirmar que es marginal lo que se recauda por este concepto. Adicionalmente -según precisó- su contribución al todo del presupuesto de ingresos-gastos de la República para el 2023 es irrelevante: «En el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, aprobado el pasado mes de diciembre por la Asamblea Nacional, el aporte para el todo de los ingresos del año fiscal se estima en Bs. 6.327.210.184 o sea solo el 3,71 %”.
Sin dejar dudas sobre que Ley del IGTF perjudica a todos los sectores productivos de la vida nacional y a los consumidores en general, Martínez hizo un exhorto a la mayoría oficialista a acompañar la propuesta que en poco presentarán para adecuar esta ley a las necesidades nacionales.
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