El primer semestre del año comenzará a regir la evaluación que ha establecido el gobierno de Colombia para verificar el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados. Así lo informó el Ministerio del Interior.
«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.
La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.
Colombia mantiene acuerdos de cese al fuego en reserva
El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016. Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político».
«No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo», admitió el vocero presidencial. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua. Unos 15.000 combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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