El Gobierno de Estados Unidos advirtió que mantendrá la aplicación del Título 42 en la frontera, luego de la decisión de la Corte Suprema, y alertó a inmigrantes sobre mentiras de contrabandistas o “coyotes”.
“La gente no debería escuchar las mentiras de los contrabandistas que se aprovechan de los migrantes vulnerables, poniendo en riesgo sus vidas”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “La frontera no está abierta y continuaremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración”.
Será en febrero del 2023 cuando la Corte Suprema de EE.UU. escuche argumentos sobre el Título 42, pero su decisión podría ser meses después.
En el comunicado, DHS aseguró que “seguirá administrando la frontera” pero pide al Congreso aprobar una reforma al sistema migratorio.
EE.UU.: La frontera no está abierta
Por su parte, al ser consultado sobre la decisión del Supremo de EE.UU., el presidente Joe Biden dijo a reporteros en la Casa Blanca que su gobierno seguirá aplicando el Título 42.
“La corte no decidirá sobre el asunto hasta junio, aparentemente, y mientras tanto debemos hacer cumplir la Ley, pero ya venció su plazo”, dijo el Mandatario antes de salir rumbo a las islas Vírgenes, donde celebrará Año Nuevo con su familia.
La organización International Rescue Coommittee (IRC) también lamentó la orden del tribunal y señaló que mantener el Título 42 “niega el derecho legal que tienen los solicitantes de asilo a pedir protección en EE.UU.”.
Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
Un juez federal en el Distrito de Columbia falló a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue recurrida por los fiscales de 19 estados y por el gobierno Biden.
Los estados argumentan que se enfrentan a una crisis migratoria si se suspende el Título 42 y que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la situación.
La normativa ha permitido que se lleven a cabo más de 1,5 millones de expulsiones en la frontera, desde que entró en vigor en marzo del 2020, según datos de IRC.
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