Los legisladores de China votaron hoy viernes para aprobar una nueva ley sobre fraudes cometidos a través de equipos de telecomunicaciones e internet, que entrará en vigor el 1 de diciembre de este año.

La decisión fue adoptada por los legisladores en la sesión legislativa del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que concluyó hoy viernes.

La ley, que abarca 50 artículos en siete capítulos, proporciona un fuerte apoyo legal para la lucha contra el fraude de telecomunicaciones e internet.

La legislación busca el establecimiento de un sistema legal preventivo y la formación de un sistema que abarque a toda la industria y a toda la sociedad para prevenir y combatir los fraudes de telecomunicaciones e internet.

Al definir las respectivas responsabilidades de los departamentos, negocios y gobiernos locales para prevenir y combatir los fraudes de telecomunicaciones e internet, la ley recién aprobada estipula que los departamentos y organizaciones deben actuar con concertadamente y facilitar la rápida coordinación y cooperación intersectorial e interregional para detener efectivamente esas actividades ilegales.

China legisla sobre Internet

Se ordenó a los proveedores de servicios de telecomunicaciones registrar la identidad real de los usuarios de teléfono de acuerdo con la ley, señala la legislación.

Las instituciones financieras y los proveedores no bancarios de servicios de pagos deben establecer un sistema apropiado de atención al cliente cuando abran cuentas bancarias y de pagos y proporcionar servicios de pagos y compensaciones, y también deben identificar a los propietarios de beneficiarios de acuerdo con la ley y tomar medidas de manejo de riesgos para evitar la utilización de cuentas bancarias y de pagos en fraudes, indica la ley.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones no deben emitir nuevas tarjetas SIM a quienes ya hayan alcanzado su límite en términos de la cantidad de tarjetas registradas, y deben verificar dos veces a los solicitantes si detectan condiciones anormales.

Las instituciones financieras y los proveedores no bancarios de servicios de pagos también tienen el derecho de verificar la identidad de los clientes o rechazar la apertura de cuentas de servicio para ellos en condiciones similares, establece la ley.