El 60% de los comerciantes en el estado Monagas cumplen con la normativa de cobro con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), medida que debe ser aplicada por todo el sector y que puede ser denunciada al ser incumplida. Así lo informó Maggloris Alcalá, especialista tributaria y asesora financiera.
Alcalá fue la invitada a la «La Verdad Radio TV» con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión donde explicó que el caso ocurrido en Lechería, en el cual un comerciante fue detenido por no cobrar según la tasa de BCV, fue sentenciado a 8 años de cárcel, pero indicó que hay que ir mas allá en que si cobra o no la tasa, pues para ella a quienes deberían fiscalizar es a los mayoristas, ya que no se puede tapar la realidad de que hay una inflación en dólares en la que nadie quiere perder.
«Hay una brecha entre el dólar paralelo y el del BCV, y si no se controla a nivel nacional habrá perdidas y esto está aunado a otros cobros que se le hacen a los comerciantes», detalló.
“No se puede ser testarudo, hay una situación difícil de legislación, donde hay ley para unos y no para otros, hay que ceder ante las solicitudes, sí se pide un cobro de los productos a tasa del BCV debe cumplirse para evitar males mayores, porque no se está en una situación normal”, enfatizó.
A su juicio primero deben ser agotados los canales de conversación, es decir con la Alcaldesa Ana Fuentes, directores, administradores, sin embargo, pese a los comunicados enviados en donde detallan que las tasas son altas e impagables, no han tenido respuesta.
«En los últimos 20 días, han estado haciendo unos cambios en las tasas que se le asignaron a algunas empresas y no se trata de que estamos haciendo caso omiso, sólo que hay una realidad entre el pequeño comerciante y las grandes empresas y al parecer no quieren entenderlo», añadió Alcalá.
Indicó que existe una falsa expectativa en que hay crecimiento económico en el país, pero la pregunta es ¿Quiénes tienen acceso a esa burbuja económica ?. Pues la respuesta es un 10%.
«La situación económica, cambia cuando yo con lo que le pago a mi empleado tiene para cubrir todas sus necesidades, la realidad es que el comerciante vive del diario. Un comerciante tiene que desprenderse de tres prendas para pagar el servicio de aseo urbano, por ejemplo», resaltó.
Refirió “¿quién midió la capacidad contributiva? Cuando ven a un pequeño comerciante a uno grande, aplaudo que la alcaldesa esté haciendo algunas reconsideraciones pero también hay empresas que pueden aportar al fisco. Hay que estudiar el sector donde están ubicados y ser flexible en algunos planteamientos.
«La presidente de la Cámara Municipal, Maritrina Bastardo se ha negado al diálogo, pese a que se le han enviado varios comunicados, no existe el interés de establecer una comunicación», acotó.
“Si no toman en cuenta al sector empresarial tarde o temprano, deberán asumir las consecuencias de sus acciones, siendo estas el deterioro de los comercios, porque un ejemplo real es que muchas empresas dejaron de pagar el impuesto del servicio de aseo urbano y al hacer el conteo de cuántos pagaron, el porcentaje es muy bajo. Quien pierde así es el municipio”, afirmó.
Dejó claro que es un tema en el que la municipalidad debe entender que no se le puede cargar a mil 700 contribuyentes todo el municipio. Deben, por ejemplo, incorporar la zona residencial que puede colaborar con una tasa pequeña que sumaría al presupuesto que requiere la Alcaldía de Maturín.
«Si se realiza una estadística basada en 200 mil casas que podrían pagar una unidad tributaria o un dólar, aportarían un recurso significativo desde la zona residencial. Todo no lo pueden pagar los comerciantes, es un peso que debe tener toda la ciudad, no un solo sector», dijo.
El basurero lo generan los buhoneros
Alcalá señaló que los que generan mayor cantidad de basura en Maturín son los buhoneros, los supermercados y ventas de comidas, muy poco los locales comerciales de venta de ropa o electrodomésticos.
Corredor vial
En cuanto al tema del corredor vial, Alcalá destacó que sería factible si el municipio tuviera estacionamientos para el resguardo de los vehículos, pero la realidad es otra.
“Se entiende que los carros estacionados alrededor del centro de la ciudad, crean una tranca, pero hay que ver la otra realidad, la cual es que si lo estacionan fuera de su alcance visual, es decir dos o tres cuadras más adelante de donde van, los encuentran desvalijados, por la inseguridad y allí surge la resistencia de las personas”, precisó.
«Hay negocios que tienen las ventas por el piso, es una incongruencia cuando se cobran unos impuestos por los ingresos brutos con chip en la cabeza que son las ganancias y no es así. Los buhoneros no pagan derecho de frente y hacen uso de los espacios y entonces entra el tema de que tienen derecho a trabajar», dijo.
Enfatizó que Ley Orgánica del Poder Público municipal, «habla en su artículo 266 sobre la participación establece que las ordenanzas deben ser discutidas para que tengan su legalidad y eso aquí según su criterio, no existe. Establecen que las cámaras de comercio y empresariales puede proponer ordenanzas incluso con el aval del 1% de la firma del electorado del municipio».
“Un asesor de la Alcaldía, me supo decir que las ordenanzas de impuestos no se discuten, porque son imposiciones, en las que ellos no van a llegar a ningún acuerdo con los comerciantes”, manifestó.
Agregó que fue aprobada una ordenanza de licores, y así como llegó a las manos de los concejales así quedó, la misma establece que el pago de la licencia debe hacerse cada seis meses y que es para controlar el orden público, es decir que aquella licorería que tenga un número de denuncias no se le renovará.
Sin embargo, esto va más allá, todo tiene un objetivo y es la recaudación de impuesto, se habla de 480$ cada seis meses ,aunado a la cantidad de requisitos que la alcaldía le coloco para tramitar.
“El orden publico se mantiene si la autoridad así lo quieres mantener, no necesita de una ordenanza en la mano con el aumento de todos los impuesto», indicó.
«Estas acciones traerán un impacto directo y es que pequeñas empresas que solo tienen un estante de licores no van a renovar la licencia, porque no producen mil dólares al año, quienes se mantienen los grandes bodegones que están hacia la zona de Tipuro son los que se van a ver beneficiados porque al cerrar el pequeño la gente va hacia allá», aclaró.
Para concluir manifestó que a su juicio “hay un objetivo y es eliminar a todos los comercios pequeños para centrar el comercio en manos de la gran empresa, pareciera que hay una negociación con la administración tributaria para mantenerlos allí, ¿Será eso? No sé, porque otra explicación, no hay?», puntualizó.
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