Con una nueva jornada de atención jurídica e integral en el Centro Penitenciario de Oriente (CPO), ubicado en la parroquia La Pica de Maturín, fueron celebrados más de 80 actos judiciales con el objetivo de garantizar a la población privada de libertad los debidos mecanismos contemplados en la administración de justicia del país.
Del mismo modo fue conformado el equipo evaluador adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPPSP), el cual procedió a practicar el examen psicosocial a aquellos privados de libertad en condición de penados que optan a alguna de las Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de la Pena.
Así lo indicó la jefa de la mencionada cartera ministerial, Mirelys Contreras, al tiempo que indicó que brindaron más de 335 atenciones médicas y 54 evaluaciones médico-forenses a los internos que presentan alguna patología a los fines de verificar si les corresponde una medida humanitaria, como ocurre en los casos de los confinados en condición de penados o con medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, por razones de salud.
Actos judiciales
Contreras significó que con este tipo de operativos, avanzan en línea con las políticas públicas que, en materia penitenciaria implementó y desarrolla el Gobierno Bolivariano para las asesorías Jurídicas y revisión de expedientes en beneficio de la población privada de libertad.
“Para cristalizar la jornada conformamos los Tribunales de Control, Juicio y Ejecución en las instalaciones del Internado Judicial de Monagas, los cuales procedieron a celebrar actos judiciales (audiencias preliminares, de juicio, imposición de sentencias, admisiones de hechos, entre otros), garantizando una tutela efectiva y segura”, puntualizó la máxima autoridad en Servicios Penitenciarios.
Autoridades presentes
La Ministra significó que para la ejecución de esta jornada judicial contó con la presencia de la magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia; y el Defensor Público General, Dr. Daniel Ramírez.
“Iniciamos este abordaje el pasado viernes 3 de junio, contando con el respaldo de la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, Patricia Mirabal; el Fiscal Superior del estado Monagas, Jorge Arzolay; y la Coordinadora de la Defensa Pública, Tania Salazar”, precisó.
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