La Corte Constitucional de Colombia solicitó al Gobierno Nacional y a la Registraduría incluir el género “no binario” en “marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadana”, está petición es motivada a diversas demandas y peticiones al respecto que señalan que las personas no se sienten representadas con la identidad de mujer u hombre.
El ente exhorta al Gobierno Nacional y a la Registraduría a modificar la categoría “no binario” en los documentos de identidad durante los seis meses en adelante y disponer de las herramientas necesarias para que las personas que cumplan con los requisitos para la corrección del componente sexo puedan optar por la categoría.
Si después de los seis meses no se ha concretado la regulación “las personas que cumplan con los requisitos para la corrección del componente sexo podrán cambiar ante las autoridades competentes la asignación del género no binario en sus documentos de identidad”, expresó la Corte.
Corte de Colombia
La fundamentación de la Corte avala la apuesta por los derechos a la dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia de todas las personas.
Según un artículo de la plataforma Mutante “ha sido la Corte Constitucional, con sus fallos, la que ha permitido dar pasos fundamentales en la garantía de derechos como el matrimonio igualitario o la adopción para la población LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual y otras disidencias sexogenéricas).
“Y a pesar de que la Corte le ha pedido al Congreso legislar y reglamentar estos temas, no ha ocurrido”, agregó Mutante, quien fundamenta que la Corte ha presentado 95 sentencias emitidas entre 1993 y 2016 y que siguen sin ser legisladas.
Aún cuando no existe en Colombia Ley de Identidad de género, Mutante reconoce las disposiciones con enfoque diferencial para la población LGBTIQ+ dentro de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y la Ley Antidiscriminación ( Ley 1752 de 2015).
“Sin embargo, sigue siendo blanco de distintos tipos de violencias, de discursos de odio (incluso desde la misma clase política), de discriminación en las instituciones educativas o cuando va a buscar atención en salud, a hacer a algún trámite público o cuando es abordada por la fuerza pública”, acotó el movimiento digital.
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