El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asume este lunes su cuarto mandato consecutivo junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en medio de sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea pero con el apoyo de China y Rusia.
Ortega, de 76 años, prestará juramento ante el parlamento, de mayoría oficialista, en una ceremonia en la plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua. El acto será transmitido en cadena nacional de televisión, pero no se han anunciado detalles.
La investidura del exguerrillero sandinista tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la Policía y la Fiscalía, por corrupción y violación a los derechos humanos.
Washington y Bruselas consideran además que no fueron «democráticas» las elecciones del 7 noviembre, en las que Ortega resultó reelegido con los principales opositores presos o en el exilio.
Varios países latinoamericanos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) han desconocido también la legitimidad de los comicios y demandado la liberación de los opositores presos.
Las acciones de la comunidad internacional han sido calificadas por el gobernante sandinista como «agresiones» contra su país.
También ha acusado a Estados Unidos y a la UE de «injerencia» e «irrespeto a la soberanía», y en noviembre pasado pidió iniciar un proceso para retirar al país de la OEA.
Rusia y China
Manuel Orozco, analista y miembro de Diálogo Interamericano, dijo a la AFP que Ortega y Murillo inauguran su mandato «no sin desafíos» debido a la presión internacional, el descontento ciudadano, una situación socio económica gravemente deteriorada y una fuerte disidencia entre su base gubernamental y la élite sandinista.
Ortega trata de equilibrar esos desafíos acercándose a Rusia y a China, pero sin efectuar cambios políticos en lo interno, conservando el aparato represivo y manteniendo a los presos políticos como tarjeta de transacción, apuntó Orozco.
En ese contexto, Ortega reanudó relaciones diplomáticas con China el 9 de diciembre, tras deshacer los nexos que el país mantuvo por más de 30 años con Taiwán y reconocer el principio de «una sola China».
El restablecimiento de relaciones con Pekín vino acompañado por una donación de miles de vacunas y tres semanas después el país asiático abrió su embajada en Managua.
También estrechó sus lazos con Moscú, que le ha proporcionado una amplia cooperación, desde trigo, vacunas anticovid, autobuses para renovar transporte colectivo hasta una estación satelital.
Los invitados a la ceremonia
Murillo adelantó que a la ceremonia de toma de posesión asistirán varios cancilleres, entre ellos los de Bolivia, México, Palestina y República Árabe Saharaui Democrática.
El presidente de China, Xi Jinping, nombró como enviado especial a Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del gigante asiático.
Se confirmó la presencia de comitivas de Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba, Venezuela , Honduras, Belice, Vietnam, Laos, Camboya, Angola, Turquía, Bielorrusia, Turquía, Egipto, Malasia y Yemen.
Activistas de derechos humanos, entre ellos Bianca Jagger, criticaron la presencia de México.
«Que Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y aún China avalen la farsa de #Ortega el tirano de #Nicaragua? No me sorprende, pero que el Pdte de #Mexico @lopezobrador_ avale los crímenes de lesa humanidad de una dinastía criminal, es sorprendente y repulsivo», tuiteó Jagger.
El nuevo mandato y los presos
La liberación de unos 160 opositores presos pesará en las decisiones que adopte Ortega en el comienzo de su cuarto mandato, según Orozco y la poetisa y disidente sandinista, Gioconda Belli.
Más de 40 opositores, periodistas y críticos del gobierno fueron detenidos entre junio y diciembre de 2021, incluidos siete potenciales rivales de Ortega en las elecciones de noviembre.
A este grupo se suman otras 120 personas que están encarceladas por participar en las protestas del 2018, cuya represión dejó 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La redada contra los opositores intensificó las acciones de la comunidad internacional contra Ortega. El gobierno considera que los detenidos son «criminales» que se organizaron para un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.
Orozco estima que «será difícil (para el gobierno) no abrirse» a las exigencias de la comunidad internacional de liberar a los opositores, mientras que Belli cree que «sería un gesto importante nacional e internacionalmente», aunque «dudo que lo haga».
El exguerrillero sandinista gobernó el país por primera vez en los años 1980 luego de ayudar al FSLN a derrocar al dictador Anastasio Somoza con una revolución en 1979.
Desde que retornó hace 15 años al poder, sus y la oposición le acusan de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura».
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