La misión internacional de SOS Colombia, integrada por 41 delegados de 12 países que visitaron Colombia en julio pasado, aseguró este jueves en la presentación de su informe final que la Policía dio a las protestas de mayo y junio el mismo tratamiento que usa para combatir a grupos armados.
«El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados», aseguró el vocero de la misión y responsable de las Américas del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de España, Félix Ovejero.
El sindicalista aseguró que durante las protestas, que comenzaron el 28 de abril y se extendieron por más de dos meses, «se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno».
La Misión de SOS Colombia que visitó 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio, se reunió y recibió información de más de 70 organizaciones sociales y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
«Aunque se logró documentar un importante número de agresiones (…) se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar», advierte la misión en su informe final.
En las últimas protestas en Colombia, organizaciones sociales como Indepaz y la ONG Temblores documentaron 4.687 casos de violencia policial, 84 personas muertas, de las cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública o 90 víctimas de lesiones oculares.
Además, organismos como Amnistía Internacional denunciaron que las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía no son hechos aislados y «demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país».
La misión señaló tres grupos responsables de la violencia: la fuerza pública (entre la que se encuentra la Policía y el ESMAD, su Escuadrón Antidisturbios), los grupos paramilitares «que, en algunos casos, actuaron en connivencia con la fuerza pública» y personas civiles armadas que perpetraron acciones violentas.
Tres grupos responsables
«Dentro de estas hipótesis existe un claro señalamiento en contra de funcionarios públicos, entidades públicas y, por ende, del Estado, lo que permite identificar un fenómeno de criminalidad y violencia estatal», señala el informe.
Asimismo, se documenta que en las protestas se produjeron homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y judicializaciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.
Entre los homicidios -cometidos por la fuerza pública pero también por civiles armados-, SOS Colombia apunta «particularmente» el uso de armas de fuego por parte de la Policía, lo que está prohibido en manifestaciones, y disparos de armas de menor letalidad pero que fueron empleadas «contra la humanidad de las víctimas».
También denunciaron que los policías no llevaban identificación visible o que no auxiliaron o prestaron ayuda a los afectados, además de que subrayaron casos de víctimas que fueron detenidas y desaparecidas en medio de las protestas y luego aparecieron muertas, a veces con signos de tortura.
«La desaparición forzada fue una práctica sistematizada contra los que estaban protestando», apuntó Ovejero, quien también destacó que hubo una «intencionalidad de hacer daño por parte de la fuerza pública con el objetivo de eliminar a las personas físicas agredidas».
En relación con el contexto que propició las protestas, la directora del Programa para las Américas, Laura Carlsen, señaló que «en los testimonios que recibimos, el desempleo, la pobreza, la extrema pobreza, la discriminación, la desigualdad (…) fueron temas recurrentes, además hay que mencionar que los problemas se agudizaron en el contexto del Covid-19».
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