Ministerio Público desarticuló mafia en depositaria judicial de vehículos

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves sobre las últimas acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) contra un estacionamiento que cumplía funciones de depositaria judicial donde pretendieron apoderarse ilegalmente de más de 430 vehículos.

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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves sobre las últimas acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) contra un estacionamiento que cumplía funciones de depositaria judicial donde pretendieron apoderarse ilegalmente de más de 430 vehículos.

Desde la sede del MPSaab relató que el pasado 29 de junio el ciudadano Josué Astudillo interpuso una denuncia en la Fiscalía Superior de Carabobo, debido a que cuando fue a retirar un vehículo a un estacionamiento que funciona como depositaria judicial con su respectiva orden de entrega emanada de una fiscalía, los dueños del establecimiento le indicaron que su vehículo ya no le pertenecía.

Los sujetos argumentaron que Wilder Soteldo, director de Línea de Procesos Políticos y Sociales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, había otorgado como «dación» en pago un total de 437 vehículos a favor de dicho estacionamiento, entre esos el suyo. Asimismo, el dueño del establecimiento le informó que si quería el vehículo, debía cancelar seis mil dólares.

Ministerio Público desarticuló mafia

El Fiscal añadió que al iniciarse la investigación, se tuvo conocimiento de otras cuatro personas cuyos vehículos fueron retenidos en dicho estacionamiento debido a procedimientos policiales, y que una vez acudieron a retirar los mismos recibieron la misma respuesta: debido a una «dación» en pago del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los vehículos había pasado a ser propiedad del estacionamiento y que por ello este tenía la facultad de vender dichos vehículos a cualquiera que estuviese interesado.

Las pesquisas revelaron que la supuesta dación en pago realizada por este funcionario carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad de este ente ministerial, además de haber presentado una resolución falsa para justificar la entrega. 

También se comprobó que el documento no reposaba en la Notaría 6ª de Valencia, como aparecía en el documento, siendo falsas las firmas y sellos que aparecen en el mismo.

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Vía Globovision
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