A pesar de que el gobierno volvió a mostrarse dispuesto a negociar con la oposición en México, no es evidente qué puede esperarse de ese proceso.
Lo primero que no está claro es si el gobierno aspira a que le eliminen las sanciones para sentarse a negociar o si considera que las sanciones se flexibilizarían a cambio de ciertas concesiones: Según frases y tonos utilizados, a veces parece una cosa, a veces la otra.
En todo caso debemos estar claros que las negociaciones ocurren cuando cada parte tiene algo que la otra necesita o quiere evitar. En nuestro caso, el gobierno tiene todas las herramientas en las manos para castigar a los opositores (presos, inhabilitados, ventajas electorales, etc.) y tiene el control de los poderes públicos, un movimiento político más cohesionado que el de la oposición y una alianza con la FANB. En cambio, la oposición no tiene nada, sino un enorme potencial del 85% del público, y, fuera del país, tiene las sanciones, manejadas por gobiernos extranjeros. Todo esto para decir que las sanciones no pueden ser nunca condición para sentarse a negociar sino el resultado de un intercambio de concesiones del gobierno a cambio de un alivio proporcional de dichas sanciones.
Tampoco está claro quienes se sentarían a negociar por parte de la oposición: ¿la facción de Juan Guaidó, la de Luis Parra, la de la Alianza Democrática? En todo caso, el control de la relación con los países sancionadores lo tienen los partidos del G4, en particular, VP. O sea, que estos cuatro partidos parecería que serían los llamados a coordinar las oposiciones. Y, si fuesen todas éstas invitadas, se fortalecería al gobierno porque unas han jugado en contra de las otras; a menos que hagan un esfuerzo inédito por ponerse de acuerdo.
Tampoco está claro que, aún poniéndose de acuerdo y logrando las mejores condiciones electorales, las oposiciones lograrían algo, por dos razones: Lo probable es que las oposiciones presenten sendos candidatos y que el gobierno financie a otros más que parezcan opositores. Este divisionismo es uno de los principales desmotivadores de la participación electoral. El resultado a esperar es que el gobierno gane las gobernaciones y alcaldías en todas las jurisdicciones que se observe ese divisionismo. Además, el gobierno reitera, abiertamente, la eventual implantación de las Leyes del Poder Comunal. Pero si Ud. se lee las leyes vigentes de dicho Poder -que no existe en la Constitución-, verá que apuntan a la sustitución de las Alcaldías y Gobernaciones por las nuevas Ciudades Comunales. Es decir, que los logros de las oposiciones en las venideras elecciones serán efímeros porque todos esos gobiernos serán vaciados de funciones y presupuestos a favor de las instancias comunales.
La conclusión a estas alturas del análisis es que, desde el punto de vista político en el que están planteadas las negociaciones, no habría nada que ganar para la oposición porque, aún logrando las mejores condiciones electorales y los mayores triunfos en las venideras elecciones, lo que se logre será vaciado de contenido.
De lo anterior se desprende la opción de que las negociaciones sean reorientadas en otro plano: “flexibilización de sanciones a cambio de un nuevo modelo económico”.
Visto así, las condiciones para flexibilizar las sanciones serían masificar la vacunación; privatización total o parcial de todas las empresas del Estado; reforma de la Ley de Hidrocarburos para estimular la inversión privada en petróleo; dolarización formal, devolución de las propiedades expropiadas a sus legítimos propietarios; restitución del crédito bancario; aranceles competitivos; garantizar legalmente la libertad de precios; y descentralizar, incorporando los consejos comunales y comunas dentro de la estructura de las gobernaciones y alcaldías, no en contra de ellas.
De adoptar el enfoque económico en las negociaciones para flexibilizar las sanciones, estaríamos respondiendo al clamor del 99% de la población que pone como su principal problema el costo de vida y otros problemas económicos relacionados; estaríamos incorporando al país actores privados, nacionales y extranjeros, que accionarían como cabilderos a favor de las empresas y del gobierno para seguir flexibilizando las sanciones, y estaríamos blindando lo acordado porque la presencia de actores extranjeros, públicos y privados, haría muy difícil revertir los cambios.
El negociador ante el gobierno está claro: Fedecámaras, institución que, por definición, tiene la responsabilidad de articular a todo el empresariado y que, según los resultados de la más reciente Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis, cuenta con el 81% del aprobación por parte de las empresas entrevistadas en todo el país para que negocie con el gobierno las reformas económicas.
@joseagilyepes
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