Bajo la dirección de Héctor Rodríguez, el Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de reingeniería estatal para evaluar a sus 3,5 millones de trabajadores públicos en un plazo de 90 días, a través de la recién creada Comisión Presidencial para la Reestructuración.
El presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, sostuvo que el sobredimensionamiento del Estado es una realidad que se originó en la década de los ochenta, a raíz de las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigían el recorte de la nómina pública.
Ahora lo que observamos es que en los últimos diez o quince años, el tamaño del Estado sigue incrementándose y no precisamente por las organizaciones sindicales o los trabajadores, sino por las propias autoridades o el patrón, como deberíamos denominarlo, el empleador”, indicó.
Criticó la exclusión de los trabajadores en la comisión presidencial, señalando que este órgano es ajeno a las mesas de consenso laboral donde, hasta el momento, no se ha abordado el proceso de reestructuración.
Subrayó que no ha habido encuentros sobre el asunto debido a que no se ha convocado a los trabajadores, incumpliendo así los contratos colectivos que obligan a involucrar a los sindicatos en cualquier proceso de reestructuración, reducción de personal o reorganización de la entidad.
Sobre la cantidad estimada de empleados públicos que debería haber frente a los 3.5 millones actuales, señaló que sin una data oficial que certifique esa cantidad no es posible establecer una nómina ideal y “hay una negativa de entregarnos la información, la data y, para nosotros hacer las propuestas, debemos revisar porque el sindicato lo primero que necesita saber es cuántos trabajadores hay, sus categorías y muchos más datos”.
Si no tienes información, las propuestas pueden ser muy valederas, pero no están sustentadas en una base cierta. Eso es lo que está sucediendo con las organizaciones sindicales”, insistió.
Subrayó que la ausencia de los representantes de los trabajadores vulnera el contrato marco, el cual obliga al Gobierno Nacional a convocar a las federaciones firmantes siempre que se realice una reestructuración de la administración pública.
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