El diputado Omar Veracierto y el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, presentaron una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Este proyecto busca renovar el modelo de gestión energética en Venezuela para solventar las fallas que afectan actualmente al sector.

Durante el primer debate de esta propuesta legislativa, el parlamentario argumentó que el sistema centralizado instaurado en 2010 debe actualizarse para asegurar eficiencia y sostenibilidad.

Por tal motivo, planteó la transición hacia un modelo de gestión mixta que incorpore capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, siempre bajo la supervisión y control estatal de los activos estratégicos.

La solución no es ideológica, es de gestión. Necesitamos un sistema que funcione y que entienda que el progreso llega cuando se permite que el sector privado trabaje con estándares de excelencia”, indicó Galíndez.

Hoy Venezuela enfrenta una realidad que no podemos seguir ocultando. Apenas está disponible el 40% de la capacidad eléctrica instalada del país. De los 32.324 megavatios instalados, solo 14.715 están operativos, y de las 133 plantas existentes apenas funcionan 59. Es necesario asumir con responsabilidad la magnitud de esta crisis y construir soluciones viables”, destacó Veracierto.

Inversión para recuperar el sistema es parte de la propuesta en la reforma eléctrica

El legislador explicó que la recuperación integral del sistema eléctrico nacional requiere una inversión estimada entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, recursos que pasarán a ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la inversión privada.

“Esta ley no propone una privatización indiscriminada. Propone sumar capacidades. El Estado mantendrá la propiedad y la dirección estratégica del sistema, mientras que la inversión privada podrá participar, bajo reglas claras, transparentes y seguridad jurídica, en áreas como la construcción de nuevas plantas de generación y los procesos de comercialización y cobranza”, señaló.

Creación de un regulador independiente

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), un organismo autónomo encargado de regular el sector.

Según explicó Veracierto, la nueva institución estará integrada por profesionales seleccionados por mérito y tendrá la responsabilidad de supervisar la calidad del servicio, establecer criterios técnicos para la fijación de tarifas, promover la competencia y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.

“La CNEE permitirá que exista un árbitro independiente que proteja tanto a los usuarios como a los inversionistas, asegurando transparencia y estabilidad para el sistema”, indicó.

Protección a los sectores más vulnerables

El diputado también abordó el tema de las tarifas eléctricas, destacando que la reforma contempla mecanismos de protección social para evitar que los sectores más vulnerables resulten afectados por los cambios.

En ese sentido, la iniciativa propone la creación del Fondo de Protección de Tarifas Eléctricas (FOPTEL), mediante el cual el Estado subsidiará directamente el consumo básico de energía de las familias de menores ingresos.

“Quien más consume deberá asumir un mayor costo, pero ninguna familia vulnerable quedará desprotegida. El objetivo es construir un sistema sostenible sin sacrificar la protección social”, precisó.

Implementación gradual

La propuesta legislativa establece un proceso de transición dividido en tres etapas:

Primera fase: (0 a 180 días): instalación y conformación técnica de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Segunda fase: (181 a 360 días): implementación progresiva del nuevo esquema tarifario y puesta en marcha del FOPTEL.
Tercera fase: reestructuración financiera de CORPOELEC, recuperación de capacidades operativas y reactivación de mecanismos de financiamiento internacional para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica.

Una práctica respaldada por la región

Durante su intervención, el gobernador Galíndez destacó que países como Colombia y Uruguay lograron superar crisis energéticas mediante modelos que combinan regulación independiente, participación privada y protección social.

“Los venezolanos merecen un servicio eléctrico estable, confiable y capaz de acompañar el desarrollo económico del país. Esta reforma busca abrir el debate nacional sobre cómo construir un sistema moderno, eficiente y sostenible para las próximas generaciones, invertir en Venezuela es ganancia”, expresó.

La fracción parlamentaria Vamos Vamos Venezuela reiteró su disposición a promover una discusión amplia con expertos, trabajadores del sector, gremios, universidades y organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el proyecto durante su trámite legislativo.