El diputado Rigel Sergent, presidente de la subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, anunció que la Asamblea Nacional avanza en una agenda legislativa para modernizar las leyes que regulan el acceso a la vivienda en Venezuela.
Sergent señaló que las prioridades legislativas se centran en tres normativas: la lucha contra el fraude inmobiliario, el resguardo de los deudores hipotecarios y la fiscalización de los alquileres de vivienda.
Marco jurídico de acceso a la vivienda
El legislador detalló que el debate ha integrado posturas opuestas, resaltando que los gremios inmobiliarios y de la construcción priorizan el beneficio económico por encima de la función social del hogar.
Según Sergent, este enfoque busca maximizar el lucro al tratar la vivienda como un activo financiero en lugar de un lugar para habitar, fenómeno que definió como la financiarización de la vivienda.
En contraposición, los sectores populares y movimientos de inquilinos organizados, que entienden la vivienda como un hogar, solicitaron formalmente intervenir ante la Asamblea Nacional mediante una petición avalada por entre 3.000 y 3.500 firmas.
Sergent señaló que la más compleja de las tres leyes es la de regulación y control de arrendamientos, vigente desde 2011, año en que nació la Gran Misión Vivienda Venezuela.
No estaríamos hablando solo de viviendas, sino una política de hábitat«, destacó, que abarca desde la construcción de nuevas viviendas hasta la rehabilitación, ampliación y adquisición en el mercado secundario.
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