El Ejecutivo español ha validado un decreto para regularizar a cerca de 500.000 migrantes residentes en el país, condicionando este proceso a la ausencia de antecedentes penales y a que los solicitantes no representen un riesgo para la seguridad o el orden público.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental y titular de Inclusión, Elma Saiz, subrayó que el proceso de regularización representa un compromiso con la justicia social y la coherencia ética.
Recordó que los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.
Migrantes en España
La regularización anunciada por el Gobierno en enero, que facilitará permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas en España, se produce tras el desbloqueo de una iniciativa legislativa popular.
Dicha propuesta, avalada por más de 600.000 firmas, había quedado previamente paralizada en el Congreso debido a la falta de consenso político.
En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asegura que esta medida es un acto de «normalización» al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.
Pero también se trata, señaló, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis económica de 2008.
Y también de «una necesidad» para el país, ya que este, «como otros países europeos, envejece» y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.
En una rueda de prensa en Pekín, donde se encuentra de viaje oficial, el jefe del Ejecutivo español subrayó que esta regularización la pidieron distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.
Sin embargo, el conservador Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición, se opone a esta regularización, que califica como «sinsentido» y «barbaridad», y ha anunciado que usará todas las instancias para denunciarla.
Mientras que Vox ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo y ha puesto en marcha este martes una campaña de concienciación sobre el impacto de la inmigración masiva.
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