La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha denegado, por ahora, la solicitud del abogado de Julio Iglesias para que se le permita comparecer en la investigación que se lleva a cabo en su contra, con el fin de acceder directamente al contenido de la denuncia relacionada con supuestos delitos sexuales que se está investigando en el país.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España está llevando a cabo una investigación sobre una denuncia presentada contra el cantante, quien supuestamente acosó y agredió sexualmente a dos empleadas en 2021, en República Dominicana y Bahamas.
Caso de Julio Iglesias
El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, ha solicitado que se archiven las diligencias preprocesales iniciadas por la Fiscalía, las cuales han sido declaradas secretas, además de pedir acceso a la investigación.
Esto sucederá, en cualquier caso, si se establece que la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar y si se le concede a Iglesias el estatus de sospechoso, algo que actualmente no se está discutiendo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que «no cualquier sospecha que recaiga» sobre un individuo ni cualquier investigación destinada a confirmar su autenticidad «justifican calificar a alguien como persona sospechosa».
En el momento en que se le otorga el estatus de persona sospechosa, la Fiscalía tiene la obligación de notificarle sobre las investigaciones en curso, de modo que pueda ejercer su derecho a la defensa.
El abogado de Iglesias solicitaba su participación en la investigación de la Fiscalía para poder acceder directamente al contenido de la denuncia, independientemente de que aún no se haya iniciado un procedimiento judicial.
Esto le permitiría ejercer su defensa en las diligencias que se realicen, como la declaración de las denunciantes, las cuales, según las publicaciones, la Fiscalía ya tiene prevista, aunque no sabemos si esto es cierto.
Así, se podría demostrar la inconsistencia de las acusaciones y proteger el honor de mi representado, sin menoscabo de otras acciones que le correspondan para defender sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y campañas mediáticas agresivas que lo llevan a una inevitable condena social, independientemente del proceso.
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