El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó la víspera su «preocupación» debido al reciente aumento de la violencia en Ecuador, fundamentalmente relacionada con las disputas entre bandas por el control del narcotráfico.
Por medio de un comunicado, Türk reconoció los retos a los que se enfrentan la sociedad y las autoridades ecuatorianas para hacer frente a la ola de violencia; no obstante también pidió que los estados de excepción declarados para hacerle frente respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En ese sentido, el funcionario de la ONU recordó : “Las medidas de emergencia, incluido el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales”.
Asimismo, instó a una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las cárceles, luego de la última masacre en la que murieron 31 reos en la Penitenciaría del Litoral (provincia de Guayas) y los motines en otras prisiones del país suramericano.
ONU alertó sobre deterioro del sistema penitenciario
De este modo, Türk expresó así su “gran preocupación|” por la violencia en las cárceles y ciudades, así como alertó del deterioro continuo del sistema penitenciario ecuatoriano.
Además, hizo un llamamiento al Gobierno para que aplique la política de rehabilitación social de personas encarceladas, emitida en el 2022 y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Asimismo, manifestó su inquietud por el «preocupante retroceso» en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y recordó que, según las normas internacionales, esas comunidades han de ser consultadas y no reprimidas acerca del uso de sus tierras para proyectos o actividades mineras.
En Ecuador el 23 de julio último fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, y otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas han sido agredidos. Además, en las últimas semanas han ocurrido enfrentamientos debido a la promulgación, el 31 de mayo, del Decreto Ejecutivo que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
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