El pasado fin de semana, saltándome reposo médico, asistí a la última clase del Doctorado que curso en la Universidad Nueva Esparta. Correspondió al Magistrado Inocencio Figueroa desarrollar un concepto cuasi inédito por lo demás novedoso: el daño social.
Figueroa definió el daño social como “la afectación a los derechos a intereses supra individuales o que interesan a un número importante de individuos, cuyo menoscabo pone en riesgo la paz y la estabilidad social, más aún si se contrasta ese daño con el contexto político, económico y social que vive el país”.
Consulto acerca del daño social a ChatGPT4 y en pocos segundos me responde:
“El daño social se refiere a las consecuencias negativas o perjuicios que afectan a la sociedad en su conjunto, ya sea en términos económicos, políticos, culturales o ambientales. Es el resultado de acciones o eventos que causan un impacto negativo en el bienestar general de las personas y en el funcionamiento de la comunidad.
El daño social puede manifestarse de diferentes formas. Algunos ejemplos incluyen la pobreza y la desigualdad económica, la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica, la violencia y el crimen, la discriminación y la exclusión social, la degradación ambiental, la corrupción, entre otros”.
Horas después, Trump interviniendo en North Carolina pronunció una frase que indigna a la gran mayoría de los venezolanos: “Cuando dejé la presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo su petróleo”.
El colapso al que se refirió Trump debía ser el resultado de las más de novecientas veinte y seis sanciones que pesan sobre el país de las cuales setecientos sesenta y cinco fueron firmadas por él durante su estancia en la Casa Blanca.
El objetivo proclamado de las sanciones, la caída del gobierno, no se ha dado -y todo indica que no se dará- pero lo que sí es innegable es el enorme daño social causado a una población víctima, ya sin duda alguna, de la rapacidad extranjera con la complicidad de algunos que difícilmente pueden llamarse venezolanos.
¿Se puede cuantificar el daño social causado? Es muy difícil pero las cifras superarían largamente cualquier cálculo previo.
No se trata de los 21 mil millones de dólares en activos fuera de nuestras fronteras retenidos ilegal e ilegítimamente. No se trata de los 630 mil millones de dólares que según señaló semanas atrás Jorge Rodríguez han dejado de ingresar al país por las sanciones a la industria petrolera. Se trata del valor de vidas pérdidas, del talento que se ha marchado, de empresas y emprendimientos quebrados, de la supresión de miles de puestos de trabajo, del exponencial incremento de la pobreza y las desigualdades, del desplome de la moneda, la degradación del ambiente y la calidad de la existencia de millones.
¿Qué valor darle a cada hijo nuestro –“Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera” dixit Andrés Eloy Blanco- que ha muerto atravesando la selva de Darién o el desierto de Atacama, navegando en el Caribe, intentando cruzar el Río Bravo o calcinado en México, huyendo de la permacrisis causada por los que confesos son ahora sólo querían petróleo? ¿Cuánto vale cada niño que se ha ido al cielo por la supresión de los programas de atención médica de la CITGO expoliada?
Concluida la exposición de Figueroa intervenimos los estudiantes Muñoz, Correa, Zerpa y yo, procurador general de la nación el primero, diputados a la Asamblea Nacional los tres últimos, coincidiendo que el daño social causado contra el pueblo venezolano no puede quedar impune: hay que legislar y hay que actuar. Así será.
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