El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó este martes que comparecerá ante la Asamblea Nacional para defenderse en un juicio político de censura por presunto peculado, en el que, a su criterio, la oposición no tiene pruebas.
«Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia. Al mediodía estaré en la Asamblea de Ecuador enfrentando el juicio sin pruebas», escribió en su cuenta de Twitter.
El mensaje lo colocó mientras en la Asamblea Nacional (Parlamento) se desarrollaba la sesión de juicio político con la intervención de la interpelante Viviana Veloz, que antecede a Esteban Torres, quien será el segundo interpelante.
Tras esas dos intervenciones, que pueden durar dos horas, deberá comparecer Lasso, que tiene tres horas para su exposición de argumentos. Después hay derecho a la réplica y 72 horas luego de haber terminado el debate, el Parlamento debe votar.
¿Peculado?
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
En su intervención, Veloz aseguró que Lasso«construyó y viabilizó» una estructura de corrupción al designar a Hernán Luque, como presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
Tras esa designación, promulgó el decreto «para concederle a una sola persona superpoderes, ya no solamente para coordinar, sino para controlar 14.000 millones de dólares de ingresos en las empresas públicas», anotó al apuntar que esto es «un foco de corrupción«.
Ésto resulta trascendental en el «esquema de corrupción, primero la presencia de Hernán Luque, su hombre de confianza, que era el encargado de nombrar gerentes en Flopec; segundo con la eliminación de los requisitos de experiencia y conocimiento a través del Decreto 163, se facilitó el nombramiento de gerentes de las empresas públicas«, añadió.
«Por ello, estamos plenamente convencidos de que usted, presidente saliente, tiene responsabilidad política al perpetrar la infracción constitucional de peculado, y por todo lo expuesto hasta este momento, nos ha conducido a la convicción de qué no solo conoció y supo de las irregularidades denunciadas, sino también consintió, organizó y ejecutó la trama de corrupción en Flopec«, aseveró.
Por ello consideró que debe «ser censurado y destituido políticamente» el jefe de Estado que, en opinión de Veloz «está en un callejón sin salida».
Mayoría opositora
La sesión comenzó pasadas las 10:00 de la mañana (hora local), en el Parlamento, dos días después de que se renovaran sus autoridades, quedando la mayoría de altos cargos en manos de la oposición.
Con 96 votos, el independiente Virgilio Saquicela fue reelegido como titular del Parlamento con el voto duro del movimiento opositor Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y del también opositor Partido Social Cristiano (PSC), entre otros.
Si llega a trasladarse la misma votación captada por Saquicela al juicio político, la suerte de Lasso estaría echada pues su destitución requiere 92 votos.
Pero, la legisladora Yeseña Guamaní, designada el domingo como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, opinó que la «votación aplastante» del domingo en la Asamblea «puede ser una referencia pero no una definición para el juicio» de Lasso.
Tras los resultados de las elecciones en la Asamblea, volvió a sonar en la arena política el tema de la «muerte cruzada», como se conoce a la posibilidad del jefe de Estado de disolver el Parlamento y gobernar por decreto mientras se concretan nuevas elecciones generales.
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