Un juez de Perú envió este domingo a prisión preventiva por 30 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, acusada por la fiscalía de integrar una supuesta red de corrupción dirigida desde el palacio de gobierno.
«Dispongo la prisión preventiva para ambos imputados por 30 meses», dijo el juez Johnny Gómez Balboa tras una audiencia de casi cuatro horas. El otro inculpado es el alcalde José Medina. La fiscalía pedía 36 meses de prisión preventiva para cada uno.
Paredes, de 26 años, está acusada de formar parte de una red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos, dirigida -según la fiscalía- por el mandatario izquierdista, quien tiene inmunidad. Ella arriesga una condena de 23 años.
La cuñada del presidente compareció de manera virtual ante el juez desde un cuartel policial limeño, donde permanecía con prisión preliminar desde el 10 de agosto.
En los próximos días debe ser trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de la capital peruana.
Medina, el coinculpado, es alcalde de Anguía, un pueblo de la región norteña de Cajamarca, de donde es oriunda la familia de Castillo.
Según la fiscalía, la cuñada y el alcalde estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.
Durante la audiencia, decenas de manifestantes oficialistas y opositores se congregaron afuera del tribunal y gritaron consignas en favor y en contra de Yenifer Paredes.
Policías antimotines evitaron que ambos grupos se enfrentaran, pero unos manifestantes arrojaron huevos, algunos de los cuales cayeron sobre unos periodistas.
Tanto el fiscal Jorge García Juárez como el defensor de Paredes, José Dionicio Quesnay, anunciaron que apelarán. El primero para aumentar el periodo a 36 meses y el segundo para impedir que su clienta vaya a prisión preventiva.
La sesión de este domingo abrió una maratón de audiencias judiciales de Castillo y su familia. El lunes 5 de septiembre el presidente debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez.
Castillo, quien es maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Afirma que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no han robado un centavo al Perú».
Inédito allanamiento
Yenifer Paredes considera a la pareja presidencial como sus «padres».
Con el fin de arrestarla, fiscales y policías allanaron el 9 de agosto el palacio de gobierno, en un hecho inédito en el país. Al día siguiente, ella se entregó a la justicia.
Castillo reemplazó este sábado a tres miembros de la cúpula de la Policía, incluido su comandante general, lo que fue interpretado por políticos opositores como represalia por el allanamiento calificado de «ilegal» por el mandatario.
Busca, además, destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió el allanamiento, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.
Castillo está citado a la fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.
También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la petrolera estatal PetroPerú.
De 52 años, el presidente ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
En tanto, la primera dama debe comparecer ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en la que los fiscales fundamentarán un pedido para prohibirle salir del país durante tres años.
Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.
La esposa de Castillo, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.
Seis investigaciones
En sus 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
El mandatario enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo también inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
Sin embargo, este tipo de acusaciones de supuesta corrupción no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos expresidentes tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
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